Al inicio de la presentación, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado que “el vínculo entre Economía y Justicia es un tándem robusto, ya que la seguridad jurídica favorece la atracción de inversiones”. Entre las cuestiones entre las que el ministro considera que es necesario seguir avanzando, están las aplicaciones tecnológicas. El año pasado se contabilizaron 80 millones de comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de Justicia. “Todo un éxito –afirmó Catalá–, pero hemos de seguir trabajando para culminar la transformación tecnológica de la Justicia”. Otro de los aspectos por los que, según el ministro, hay que seguir apostando es el de las soluciones extrajudiciales antes de acudir a los tribunales. “Debemos fomentar la mediación, el arbitraje y la jurisdicción voluntaria” –afirmó el ministro de Justicia–. “A día de hoy, 500.000 asuntos que antes hubiesen sido gestionados en la Administración de Justicia ante los tribunales, hoy están siendo resueltos mediante los procedimientos que ha creado la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria –concluyó Catalá–.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha señalado que “dentro de los principales factores que los inversores tienen en cuenta a la hora de apostar por un país están la existencia de una legislación clara, práctica y razonable y un sistema judicial predecible, ágil y eficiente. Por tanto, nuestro sistema judicial y la calidad de nuestra regulación son claves para valorar nuestra competitividad como país, y merecen y tienen toda la atención del sector empresarial que representamos”.
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, se congratuló de que en 2018 se vaya a implantar también la plataforma digital LexNET para todos los administradores concursales, reivindicación que el colectivo de economistas ha estado impulsando en los últimos años, que redundará en una mayor eficiencia en la gestión de los concursos de acreedores. Asimismo y referido al tema concreto de la reforma concursal como vía para la reflotación de empresas, Pich manifestó que “uno de los aspectos a tener en cuenta en esta reforma pasa por replantear el papel privilegiado de los créditos públicos en los acuerdos de refinanciación, ya que la tendencia a la baja en la utilización de este tipo de acuerdos –a los que no está obligados a concurrir el crédito público– (un 24% menos en 2017, según datos del Registro de Economistas Forenses, REFOR,), hace pensar que la pequeña y mediana empresa en nuestro país no ve en ellos una solución a sus problemas de solvencia”.
El acto concluyó con las intervenciones de Pascual Fernández, director del Encuentro y decano-presidente del Colegio de Economistas de Madrid, y de José María Campos, director de Régimen Interno y Legal de la CEOE, quienes expusieron las conclusiones del citado Encuentro. Pascual Fernández–quien, además, ha sido el encargado de compilar y sistematizar las conclusiones y de desarrollar (en base a las aportaciones de los ponentes del encuentro) un conjunto de medidas destinadas a agilizar el funcionamiento de la Justicia en cuanto a su organización– señaló la necesidad de “mejorar el funcionamiento de la primera instancia, que es el cuello de botella del sistema, donde se debe reformular el modelo de Juzgado para hacerlo más ágil”. Así mismo, Fernández cree necesario “crear más juzgados especializados y dotar a la Justicia de más medios personales –jueces y fiscales– y materiales, ya que la justicia digital está avanzando, pero no todo lo deprisa que nos gustaría”. Por su parte, José María Campos señaló que “es necesario completar la modernización de nuestra Justicia con una actividad legislativa que incentive que las partes resuelvan sus conflictos sin necesidad de acudir al litigio, tal y como ha ocurrido en otros países de nuestro entorno que sufrían este mismo problema”. “Entre todos debemos buscar reducir esta litigiosidad” –concluyó Campos.
Por último, Fernández y Campos, tras analizar las fortalezas y debilidades de nuestro sistema judicial, plantearon una serie de propuestas de mejora de la Administración de Justicia englobadas en tres grandes grupos: reformas dirigidas a agilizar el funcionamiento de la Justicia, reformas dirigidas a desincentivar la litigiosidad y reformas de la legislación concursal (se incluye en documento anexo un resumen de las 14 principales propuestas).