En concreto, desde el pasado 4 de diciembre, todos los municipios españoles con una población superior a los 50.000 habitantes han de contar con al menos un 5 por ciento de taxis accesibles como forma de garantizar el uso de este medio de transporte por parte de las personas con movilidad reducida.
Por ello, el Defensor del Pueblo ha remitido al CERMI un escrito de respuesta en el que asegura que “comparte plenamente” la preocupación mostrada por la plataforma representativa de la discapacidad en España y añade que “es fundamental impulsar las actuaciones necesarias para que al menos se cumpla la proporción del 5% de taxis accesibles”.
Así, la institución dirigida por Francisco Fernández Marugán iniciará las actuaciones oportunas ante la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para explorar posibles vías de actuación por parte de la FEMP. En todo caso, el Defensor del Pueblo no excluye otras actuaciones futuras.
Como soporte de su denuncia, el CERMI ha acompañado el informe 'Estado de la Flota de Taxis en Municipios de más de 50.000 habitantes’, realizado por la Fundación ONCE y el propio CERMI, en el que se pone de relieve que el 63 % de los municipios obligados incumplen esta reserva mínima de eurotaxis.