El documento, disponible en compromiso y transparencia analiza la transparencia voluntaria en la web de las empresas del IBEX 35 sobre los contenidos relacionados con sus obligaciones fiscales.
De acuerdo con los resultados de esta edición 23 empresas del IBEX 35 no facilitan ninguna información detallada ni posicionamiento sobre su presencia en paraísos fiscales y centros financieros off-shore y 15 compañías del índice bursátil no informan sobre las políticas y procedimientos establecidos para luchar contra el blanqueo de capitales en su esfera de actividad.
Más de la mitad de empresas (54%) no informa o lo hace parcialmente sobre los impuestos pagados con detalle país por país y solo cuatro incorpora las cuestiones relacionadas con los litigios fiscales en algún documento de reporte como los informes de sostenibilidad o de responsabilidad social. Adicionalmente, 11 empresas informan con algo de detalle sobre esta cuestión pero solo en las cuentas auditadas.
En el informe se examina además cómo informan 35 multinacionales extranjeras sobre su contribución (impuestos, inversiones, empleo y contratación de proveedores locales) en España.
Las empresas españolas mejoran en transparencia
En términos generales, las empresas españolas pertenecientes al IBEX 35 han mejorado ligeramente su nivel de transparencia a la hora de informar sobre su responsabilidad fiscal, incrementándose el número de empresas transparentes que han pasado de cinco a siete. Este grupo de empresas lo lideran Iberdrola y Telefónica con 21 puntos, seguidas de Mediaset y Repsol con 19 puntos y, en tercer lugar, Bankia, BBVA y Endesa con 18 puntos.
El informe llama la atención sobre las futuras exigencias en materia de transparencia fiscal, impulsadas por la Unión Europea y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que abordan cuestiones de gran calado. Estas novedades se refieren al denominado Informe de transparencia que las empresas podrán presentar de manera voluntaria a la AEAT con el fin de solicitar su opinión sobre determinadas operaciones que conlleven riesgo fiscal.
La segunda exigencia se refiere a las nuevas obligaciones de información que la Unión Europea impondrá a los “intermediarios”: auditoras, asesores fiscales y financieros y abogados. El proyecto de directiva europea exigirá a los intermediarios que diseñen y/o promuevan esquemas de planificación tributaria que informen de los que se consideren potencialmente agresivos a partir de 2020.
‘Big Four’: intermediarios de los paraísos fiscales
El activo papel que vienen jugando Deloitte, E&Y, KPMG y PwC en la construcción y diseño de los modelos de planificación fiscal agresiva que han disminuido la carga impositiva de las multinacionales, junto a los grandes despachos de abogados, sin olvidar a los gestores y asesores de las grandes fortunas, venía siendo motivo de enorme preocupación. A partir de ahora, les será más difícil silenciar sus actividades con la excusa de proteger la confidencialidad de sus clientes y justificar las mismas apoyados en el principio de que “está permitido lo que no está prohibido por la ley”.
Según palabras de John Peterson, responsable de la unidad sobre planificación fiscal agresiva de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “la manera en que opera la industria de asesoría off-shore (como se evidenció en los Panamá y Paradise Papers) aconsejaba que nuestras medidas apuntasen, no solo a los promotores, sino también a los asesores locales y al resto de proveedores de servicios que desempeñan un papel clave en la cadena de suministro global de este tipo de mecanismos”.
Con el fin de evitar posibles conflictos de intereses y disminuir su riesgo fiscal, la Fundación Compromiso y Transparencia recomienda en el informe que las empresas adopten la práctica de no contratar ningún servicio de asesoría fiscal con las firmas encargadas de auditarles legalmente las cuentas. Además, para fortalecer su compromiso con la transparencia y disminuir posibles conflictos de intereses deben informar con detalle sobre los demás servicios de asesoramiento que les presta la firma que les realiza la auditoría legal.
Las empresas extranjeras suspenden
El informe también incluye un análisis de cómo informan las empresas extranjeras sobre su contribución en España. En concreto se examina su política y estrategia fiscal, la contratación de mano de obra del país, las compras a proveedores o suministradores nacionales, la inversión local y los datos relativos a los impuestos pagados en el territorio.
Los resultados de la muestra de las 35 grandes empresas extranjeras analizadas (un número equivalente al de las empresas del IBEX 35) son muy negativos.
Heineken y Leroy Merlin son las únicas empresas extranjeras que han entendido que su presencia en España les obliga a rendir cuentas de cómo están contribuyendo a generar empleo, desarrollar proveedores locales, invertir y pagar impuestos.
Como expresa el informe, resulta sorprendente que las empresas extranjeras radicadas en España no informen con detalle sobre la riqueza generada y distribuida gracias a su actividad en este país.
Entre las empresas extranjeras analizadas se encuentran Amazon, Carrefour, Nestlé, ING, Novartis, L’Orèal, Deutsche Bank, Ikea, Apple, Google, Cemex, Coca-Cola o Volkswagen.