“En un momento como este, en el que la estabilidad del fondo de las pensiones es una de las principales preocupaciones de nuestro país, pensamos que tiene sentido reclamar que la venta de lotería sea destinada a este fin y que cada persona que invierte en juego público sepa a qué va dirigido su dinero”, ha explicado el presidente.
Reducir los impuestos
Desde Anapal también se hace hincapié en el impuesto del 20% con el que se gravan los premios de más de 2.500 euros y que según ellos ha tenido un efecto directo en el descenso de la venta de lotería y, como consecuencia, en los ingresos dedicados a las arcas públicas. Su propuesta es que este gravamen se elimine o que se eleve el importe mínimo del premio a partir del que se cobra. En caso de que este impuesto no fuese eliminado, se propone que esta cantidad sea también destinada a la hucha de las pensiones. “La venta de la lotería repercute positivamente en las cuentas del Estado, mantener medidas como esta que perjudican a los administradores y compradores carece de sentido”, ha afirmado Iborra.
El sector del juego público emplea a unas 15.000 personas en toda España repartidas en 4.200 administraciones y factura más de 8.800 millones de euros anualmente. “Más allá de repercutir positivamente en las cuentas del Estado, el sector de la lotería genera empleo y en los últimos años las medidas tomadas por el Gobierno y SELAE no han hecho más que perjudicarnos y hacer que muchos puestos de trabajo se tambaleen”. Así explica Iborra la situación complicada a la que se enfrentan los administradores de lotería, sector que tiene las comisiones congeladas desde 2004, lo que repercute en una difícil gestión de su trabajo diario. Para mejorar esta situación desde la nueva Junta, con una alta representación territorial entre sus miembros, se ha aprobado una modificación parcial de sus estatutos que permitirá una mayor fluidez a la hora de actuar y tratar los temas de interés que preocupan al colectivo.