En el encuentro –en el que se ha dado cita un importante número de profesionales del sector– han participado el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich; el presidente del Registro de Economistas Auditores del citado Consejo, Carlos Puig de Travy; el decano del Colegio de Economistas de Madrid, Pascual Fernández, y el presidente de la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA, Emilio Álvarez, coordinador del encuentro. Asimismo, la jornada ha contado con la participación de la Interventora General de la Administración del Estado, María Luisa Lamela, y del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá.
Según lo previsto en el plan de estabilidad presupuestaria para el periodo 2017-2020, el objetivo de déficit del conjunto de las Administraciones Públicas pasará de un 2,2%, previsto para 2018, a un 0,5% fijado para 2020, lo que supone una reducción a la cuarta parte en menos de dos años. Alcanzar tan ambicioso objetivo pasa por reforzar los mecanismos de control que aseguren la eficiente gestión de cómo y a dónde se destina el dinero público. A este respecto, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha manifestado que “si bien el sector público representa en torno al 40% del PIB y engloba a más de 22.000 entidades, de estas ahora solo se auditan, aproximadamente, el 10%”. Para Pich, “la adecuada gestión de los fondos públicos pasa por potenciar la colaboración con los órganos públicos de control que intervienen en este proceso”. Valentín Pich ha valorado positivamente la labor en la mejora de la transparencia de los organismos públicos de control –Intervención General del Estado, Tribunal de Cuentas y Órganos de Control Externo–, y ha afirmado que “disposiciones legislativas como la Ley de transparencia, la Ley de Contratos del Sector Público, así como la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, han supuesto un importante avance en la racionalización y funcionamiento eficiente de las Administraciones, entre ellas, y de estas para con los ciudadanos”. Aun así, según Pich, “aún queda camino por recorrer”. “Incrementar los medios de la Intervención General de la Administración del Estado y potenciar la colaboración de auditores públicos y privados puede ayudar en este sentido”, concluyó.
Por su parte, el presidente del Registro de Economistas Auditores (REA), Carlos Puig de Travy, afirmó que el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local –que establece la obligación de realizar auditorías públicas a los entes locales– “implica un control financiero-presupuestario de los entes locales más riguroso y sienta las bases de colaboración con los auditores privados”. Este real decreto entra en vigor el 1 de julio de 2018 y las primeras auditorías se realizarán sobre las cuentas anuales cuyo ejercicio contable se cierre a partir de 1 de enero de 2019. Estas auditorías deberán realizarse de acuerdo a las normas de auditoría del sector público aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado. Según Puig de Travy, “la contratación de los auditores privados bajo el amparo de esta norma no supone la suplantación de la figura del funcionario público, sino que el papel del auditor privado es el de un colaborador, debido a que no pueden contratarse servicios cuya responsabilidad corresponda a los poderes públicos”.
Para el presidente de la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA, Emilio Álvarez, “un avance satisfactorio en la colaboración público-privada en este terreno es que el plan anual de control financiero de las entidades públicas locales tendrá que contar con partidas presupuestarias suficientes que contemplen la contratación de firmas privadas de auditoría”. Surge de esta manera una colaboración más estrecha entre auditores públicos y privados que establece una contratación inicial de 2 años –el mínimo exigido en la Ley de Auditoría de Cuentas es de 3 años– para favorecer la mayor rotación e independencia del profesional contratado.