Esta norma amplía los derechos de los andaluces, garantizando que la opción personal de empezar un negocio cuente con ayuda formativa y material, de forma que se logre la igualdad de oportunidades en este ámbito y que ningún buen proyecto se quede en el cajón por falta de apoyo.
El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona ha explicado que la Ley “presta especial atención a los autónomos como emprendedores, al emprendimiento femenino, al del mundo rural y al de segunda oportunidad”, entre otros, y ha señalado como una de las contribuciones más importantes la creación de un Sistema Andaluz para Emprender, “una garantía pública para hacer efectivo este derecho, con la colaboración de las Administraciones y la participación también de agentes privados”.
La Ley, cuya tramitación parlamentaria se inició en mayo del pasado año con la aprobación del proyecto de Ley por parte del Consejo de Gobierno, ha sido aprobada por el Parlamento andaluz con un alto consenso, tras un periodo de análisis y diálogo de los grupos parlamentarios.
El objetivo de la norma es fomentar el emprendimiento en Andalucía desde la igualdad de oportunidades, reconocer la actividad emprendedora, la innovación y la creatividad como un proceso de desarrollo personal y profesional e impulsar el emprendimiento de segunda oportunidad.
En este sentido, la Ley garantiza el derecho de la persona a emprender en igualdad de oportunidades; une el sistema del conocimiento con el de emprendimiento; fomenta el reconocimiento social de la persona emprendedora; impulsa y reconoce el emprendimiento rural y el femenino; garantiza la eliminación de impedimentos que limiten la iniciativa emprendedora y fomenta la inclusión de cláusulas sociales en el emprendimiento.
Para ello, se crea la figura del Sistema Andaluz para Emprender, que desempeñará la función de acompañamiento a las personas emprendedoras y que agrupará todas las actuaciones que desarrollan los distintos agentes relacionados con el emprendimiento para facilitar la creación de una empresa y el inicio de actividad económica. De este modo, enmarcará la labor que viene desarrollando Andalucía Emprende, que cuenta con más de 260 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) en todo el territorio, 31 en la provincia de Córdoba. Es la red pública de apoyo, asesoramiento, formación y tutorización a emprendedores más amplia de España y con mayor capacidad de alojamiento de empresas.
Junto a ello, el Sistema Andaluz para Emprender buscará la participación de los parques científicos y tecnológicos, comunidades de emprendedores, inversores, grandes empresas, entidades públicas y universidades, así como de agentes económicos y sociales, la asociación de municipios y provincias, y con entidades y organizaciones del ámbito de la economía social y del trabajo autónomo.
La Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento presta especial atención al emprendimiento rural, al femenino, al emprendimiento individual (autónomos), el emprendimiento en el ámbito de la economía social, al de segunda oportunidad, al impulsado por jóvenes, al que procede de proyectos de investigación, al emprendimiento de base tecnológica, al creativo y al de personas con algún grado de discapacidad.
Cartera de servicios
El texto normativo garantiza la prestación de una cartera de 15 servicios a cualquier persona emprendedora que quiera poner en marcha una idea, ofreciéndole asesoramiento, formación y acompañamiento para que su proyecto empresarial se consolide, crezca y genere nuevos empleos de calidad.
Entre estos servicios se encuentra el de consultas, evaluación de propuestas, plan de empresa, consultoría–formación, tutorización de proyectos, incubadora, asesoramiento financiero, nuevas oportunidades para emprender, iniciativas de emprendimiento colectivo y de economía social, asesoramiento a emprendedoras y empresarias o en el ámbito juvenil (para menores de 35 años), iniciativas innovadoras de alto valor social y potencial de crecimiento y de emprendimiento desde la intercooperación.
También se ofrece el servicio de acceso a la innovación tecnológica, para establecer canales de comunicación entre la investigación y la innovación que se desarrolla en el sistema I+D+i de Andalucía y los emprendedores.
Junto a esta carta de servicios, la Ley recoge otros instrumentos complementarios de apoyo en ámbitos como el acceso a la financiación, a la cooperación y concentración empresarial y ayudas directas complementarias al inicio de actividad y segunda oportunidad.
Dentro de este apoyo al acceso a la financiación, se tendrá especial atención a proyectos tecnológicos innovadores, creativos innovadores, iniciativas empresariales derivadas de proyectos de investigación, proyectos con alta capacidad exportadora o de cooperación, emprendedores de segunda oportunidad, iniciativas de mujeres y jóvenes menores de 30 años o mayores de 45 e iniciativas emprendedoras propuestas por personas con discapacidad.
Simplificación y eliminación de trámites administrativos
Por otra parte, la norma aprobada recoge que el Gobierno andaluz aprobará un plan de mejora de la regulación, que determinará los procedimientos en los que se pueda aplicar la declaración responsable o el silencio administrativo positivo; así como los procedimientos de tramitación de ayudas e incentivos a los autónomos.
Del mismo modo, la Consejería de Economía, en colaboración con las consejerías competentes en materia de formación profesional reglada y formación profesional para el empleo, las universidades y las organizaciones más representativas tanto del trabajo autónomo como de carácter empresarial y sindical, definirá los programas y contenidos de un Programa Andaluz de Formación para Emprender, teniendo en cuenta las necesidades formativas detectadas.
Para desarrollar esta Ley, el Gobierno andaluz elaborará un Plan General de Emprendimiento, instrumento de planificación, coordinación, ejecución, desarrollo y evaluación de las políticas públicas que se desarrollen en esta materia.