Procedimientos de contratación
Medidas de transparencia y control de la contratación
Jorge García Castaño ha constatado que el Ayuntamiento de Madrid se ha convertido en un modelo de transparencia y a la vanguardia de los controles en los sistemas de contratación con el aval de estas cifras, así como con las medidas adoptadas en el actual mandato.En este sentido, ha desgranado las mejoras introducidas, poniendo el acento en que si antes solo se facilitaba información sobre el importe total que sumaban los contratos menores en cada Área, desde 2016 hay información detallada sobre cada contrato, su objeto, su adjudicatario, su importe y el órgano de contratación que tramita cada expediente.
En 2017 el Ayuntamiento aprobó la Ordenanza de Transparencia más avanzada de España y los contratos menores empezaron a aparecer en el Portal de Transparencia y en el Registro de Contratos. Además, estos contratos son fiscalizados en la Comisión de Vigilancia de la Contratación, novedad respecto a etapas anteriores.
“A todos estos controles, restricciones y mejoras normativas –añadió el delegado de Economía y Hacienda– se suma la creación de la Oficina Antifraude, que preside Carlos Granados, dirigida a prevenir el fraude y la corrupción, además de la puesta en marcha del nuevo modelo de control interno, que entrará en vigor este año y permitirá un desempeño mucho más eficaz desde la Intervención General del Ayuntamiento”.
Mejoras con la nueva Ley de Contratos
La nueva Ley de Contratos del Sector Público, a la que el Ayuntamiento ha sido de las primeras administraciones españolas en adaptarse, introduce cambios interesantes y necesarios en la contratación. Así, rebaja la cuantía de los contratos menores (de 50.000 a 40.000 en el caso de las obras; y de 18.000 a 15.000 en los de servicios) e introduce una nueva regla, denominada doctrinalmente regla de incompatibilidad, que impide adjudicar sucesivos contratos menores a un contratista que ya haya resultado adjudicatario de anteriores contratos menores, cuando con ello se superen las cuantías máximas que limitan este tipo de contratos.
En la nueva normativa también sobresalen la obligación de dividir en lotes los contratos siempre que sea posible, la simplificación de los trámites administrativos, la primacía de la oferta con mejor relación calidad-precio en lugar de la económicamente más ventajosa, la aceleración de los periodos de pago, la adecuación de la acreditación de la solvencia técnica al objeto del contrato y la eliminación del límite del 60% a la subcontratación.
Una guía para pymes
La contratación de las Administraciones Públicas supone en el ámbito europeo alrededor del 20% del PIB y del 18% del PIB en el Estado español. En el Ayuntamiento de Madrid, la contratación pública supone en torno al 10% del Presupuesto del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. Esto supone, sin duda, ante una poderosa herramienta de transformación de la sociedad y de la economía.
La transposición de las Directivas Europeas de cuarta generación, Directiva 24/2014/UE y 23/2014/UE, a través de la Ley de Contratos de Sector Público incorpora entre sus objetivos prioritarios dicha accesibilidad a las pymes singularizando en su artículo 1. Apartado tercero 3: “Incorporar en la contratación pública de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social.”
Pequeñas y medianas empresas, fundaciones o entidades del tercer sector no sólo constituyen la mayor parte de nuestro tejido empresarial, sino que son, sin lugar a duda, el motor de nuestra economía y a la vez agentes fundamentales para la creación de empleo estable de calidad, y para el fomento de un crecimiento inclusivo, inteligente, sostenible e innovador en la ciudad de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid ha querido plasmar estos compromisos normativos en nuestras herramientas e instrumentos de contratación pública, de forma que ésta se convierta en un sistema de contratación transparente y de fácil acceso para todo tipo de actores y especialmente para aquellos a los que va dirigida esta guía.