En la actualización hecha por el Gobierno central, sólo ha admitido rebajas fiscales para los productores de aceituna de mesa de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén, así como para los productos del olivo en el término municipal de Gilena (Sevilla). De esta manera, ha vuelto a dejar fuera al aceite de oliva en provincias como Córdoba y Granada, a muchos productos hortícolas en Almería y a los tropicales en Granada.
Para Sánchez Haro, que insiste en que su departamento ha cumplido con su trabajo con el envío al Ejecutivo central de un informe “detallado y documentado para justificar la reducción de los módulos fiscales en cultivos estratégicos para nuestra tierra", es injustificable que el Gobierno se reafirme en su maltrato a Andalucía y no atienda muchas de las peticiones recogidas en el documento pese a que estaban debidamente justificadas, generando incluso agravios comparativos entre provincias. Desde su punto de vista, la negativa estatal es especialmente grave si se tiene en cuenta que 2017 fue un año especialmente duro para la agricultura andaluza, por las consecuencias de la grave sequía que afectó con intensidad a muchos cultivos.
En este sentido, ha explicado que "no tiene justificación ni sentido que se deje fuera de estos beneficios fiscales al olivar de Granada y Córdoba cuando se trata del mismo tipo de cultivo que el de la provincia de Jaén, por ejemplo, al que sí se le ha concedido y que ha sufrido también los mismo problemas provocados por la sequía".
“Los mismos cultivos y con las mismas condiciones ambientales han recibido un trato muy diferente”, ha resaltado, como demuestra también el caso del aguacate y el diferente trato, ya que se le concede la rebaja a Málaga pero no a Granada. Esta misma discriminación la ha sufrido el sector de los hortícolas, para el que el Gobierno niega una reducción general hasta el 0,20 y deja al margen al pimiento de Almería y al calabacín de Granada afectados por la virosis.
Críticas también del sector
El consejero ha recordado que este “maltrato” no ha sido denunciado sólo por la Consejería de Agricultura, sino que “el malestar es también patente entre las organizaciones agrarias y en Cooperativas Agro-alimentarias”. “Ha habido críticas en todas las provincias y de numerosos sectores”, lo que a su juicio demuestra que la respuesta dada por el Ministerio de Hacienda “no atiende ni de lejos las necesidades reales de Andalucía”.
Sánchez Haro ha insistido en que, muestra de ello, es que desde la Delegación del Gobierno en Andalucía se ha señalado que los agricultores y ganaderos andaluces se beneficiarán de una rebaja total de 115 millones de euros, lo que supone el 19,8% de los 580 millones de euros de ahorro que se estima para el sector en toda España. Esta cifra contrasta con el hecho de que la renta agraria andaluza representa el 35% del total nacional, lo que demuestra que hay una “descompensación que perjudica claramente a Andalucía”.