Empresaris de Catalunya, organización que agrupa a más de 500 empresas y directivos favorables al respeto a las leyes y al mantenimiento de Catalunya dentro de España, ha expresado su confianza en que el recién investido presidente del Gobierno, D. Pedro Sánchez, no permitirá que el separatismo en Cataluña vuelva a la senda de la ilegalidad y de la tensión social y económica.
El PSOE ya se ha mostrado firme, junto al Partido Popular y Ciudadanos, en la aplicación del artículo 155 de nuestro Constitución, y esperamos que, llegado el caso, Pedro Sánchez no dude en volver a aplicarlo si Quim Torra lleva a cabo actos ilegales, tal y como ya apuntó en su discurso de investidura.
Por otro lado, Quim Torra ha aprovechado igualmente la toma de posesión del nuevo Govern de la Generalitat para reiterar su intención de proseguir con hojas de ruta ilegales y volver a generar inestabilidad política y consecuentemente económica en Cataluña.
Para Josep Bou, presidente de EC “estamos convencidos de que el nuevo presidente del Gobierno no cederá ante las provocaciones y chantajes de los separatistas. Confiamos plenamente en que el Estado de Derecho siempre se impondrán ante aquellos políticos irresponsables que quieren vulnerar la legalidad, generar inestabilidad y romper la convivencia entre los catalanes y con el resto de españoles.”
Por su parte, Carlos Rivadulla, vicepresidente de EC ha afirmado que “en nuestras recientes visitas a Bruselas y Berlín, hemos podido explicar a colegas y medios internacionales el grave riesgo que entraña, no solo para España, sino para toda Europa, el auge de movimientos nacionalistas, identitarios y excluyentes. Movimientos populistas abiertamente contrarios a los principios de solidaridad, colaboración y fraternidad sobre los que se asienta la construcción europea.”
Josep Bou desea trasladar a los partidos constitucionalistas que “tienen la obligación de seguir manteniendo una estrategia común en defensa del interés general del conjunto de los catalanes, y del resto de españoles, ante el aparentemente renovado desafío de los separatistas”.
Si Quim Torra, según ha declarado durante su investidura, reinicia actuaciones ilegales desde la Generalitat, su grave irresponsabilidad causará un grave perjuicio a la economía catalana. La caída de inversiones y de la confianza en Cataluña se agravará, y muchas otras empresas catalanes decidirán también cambiar su domicilio social fuera de Cataluña.
Por último, Carlos Rivadulla ha señalado que “hemos llegado al absurdo de que tengamos que suplicar a los políticos separatistas que cumplan con la Ley y que no generen más conflictos políticos, sociales o económicos. Hasta que el independentismo no asuma y entienda que no hay camino viable fuera de la Ley, lamentablemente, Cataluña será un foco de tensión, inestabilidad y de falta de confianza que puede perjudicar seriamente nuestra economía y nuestra capacidad de generación de empleo en el medio y largo plazo.”