El presidente de la Comisión de Expertos señaló que en el proceso de descarbonización y cierre de centrales deberán ponerse en marcha los mecanismos necesarios para que los trabajadores y las zonas afectadas no sean los que paguen las consecuencias, por lo que deberá primar la sensibilidad y poner los medios económicos pertinentes de ayudas al desempleo y la reconversión. Esta recomendación viene recogida en el propio informe, que aboga por una transición energética “justa”. Jorge Sanz dijo que “en un proceso como este habrá ganadores y perdedores y si el carbón es de los perdedores, que en algún momento lo será, hay que estar preparados y minimizar los impactos”.
Jorge Sanz presentó los escenarios 2030 -detallando la metodología utilizada- y sus implicaciones, y expuso la propuesta de reforma fiscal ambiental para el sector energético que el informe detalla.
Juan José Fernández Díaz, decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste, afirmó en el acto que los ingenieros de minas se reafirman en su posicionamiento de que “es absolutamente prioritario mantener el mix energético existente y que las centrales de carbón deben continuar en funcionamiento”, evidenciando así la firme defensa del Colegio de Ingenieros de Minas de contar con todas las tecnologías de generación eléctrica, con sus ventajas y sus inconvenientes, para aprovechar la gran diversificación de España, “sin duda la mejor de la UE, una diversidad –dijo Fernández Díaz- que garantiza el suministro y la calidad a los puntos de consumo a precios competitivos”.
Las intervenciones del Decano de los Ingenieros de Minas mostraron una firme apuesta por todas las tecnologías -incluido el carbón- y con un claro compromiso con el medioambiente y con que el precio de la electricidad haga competitivas nuestras industrias.
Fernández Díaz destacó la necesidad de implantar soluciones que impliquen la creación de valor económico y social en las comunidades donde las empresas se insertan, haciendo hincapié en que Asturias tiene grandes centrales de carbón y grandes empresas consumidoras, que son fuente de creación de riqueza para la región y que dependen de que el precio de la energía sea competitivo estable y predecible.
En cuanto al tema ambiental, clave para la transición energética, los ingenieros de minas afirman que la garantía viene de la mano de una completa normativa de obligado cumplimiento con exhaustiva vigilancia, y señalan que para los vecinos afectados prima un equilibrio que valore las ventajas de disponer de puestos de trabajo y actividad en la zona, valoradas frente a la preocupación por el medio natural que debe sopesar la confianza en la normativa existente, lejos de posiciones demagógicas o poco informadas. Para Fernández Díaz “en cualquier caso, el cierre de centrales de carbón o de otras tecnologías, de realizarse deberá desarrollarse de manera paulatina acompasada a la implementación de las tecnologías de almacenamiento que permitan un mayor grado de penetración de las renovables”.
Para el Colegio de Ingenieros de Minas, la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética precisa de las aportaciones y consenso de todos los sectores implicados. El país tiene el reto de conseguir un marco regulatorio energético y climático que además potencie a la industria como generadora de riqueza y fuerza tractora de la actividad económica.
Fernández Díaz finalizó pidiendo un pacto de estado por la energía en el que todas las fuerzas políticas entiendan lo que nos jugamos para conseguir una España sostenible económica y ambientalmente. La transición energética supone un reto y una oportunidad para que España desarrolle una economía baja en carbono que contribuya a la lucha contra el cambio climático y a la vez que dote a su industria de un marco de suministro eléctrico competitivo, estable y predecible.