Tras la publicación del documento y por la alarmante situación que vive la sardina ibérica -cuyas poblaciones se encuentran entre los valores más bajos de la historia-, las organizaciones portuguesas emitieron un comunicado con algunas demandas para conseguir su recuperación.
Ante estos acontecimientos, y teniendo en cuenta el marco de colaboración iniciado entre las organizaciones de ambos países, Ecologistas en Acción, Fundación Ent, Greenpeace, Oceana y WWF España, se han sumado a la propuesta portuguesa y han hecho público su posicionamiento, en el que plantean cinco puntos:
1. El ICES, la principal institución científica que asesora a la UE en materia de pesca, y las instituciones que contribuyen a sus trabajos merecen la total confianza. Se considera esencial que se favorezcan las mejores condiciones posibles para desarrollar su trabajo.
2. El mantenimiento de la recomendación de la captura cero se debe a un hecho simple: a pesar del aumento de biomasa registrado en las campañas científicas más recientes, el stock continúa en niveles peligrosamente inferiores a los que garantizan su viabilidad desde el punto de vista biológico y desde una explotación sostenible del recurso.
3. En este momento, la pesca de la sardina ibérica no tiene un plan de gestión o recuperación en vigor, avalado por el ICES como precautorio. Lo que existe es un acuerdo entre los gobiernos de los dos países sobre un plan de recuperación que ha recibido críticas de diferentes organizaciones, principalmente por la escasa relevancia que se otorga al control de las capturas a lo largo de varios años y a la protección de los juveniles.
4. La adopción de un plan de gestión avalado por ICES que asegure una rápida recuperación de la población de sardina sería la única alternativa posible al cierre de la pesquería. Este plan debería incluir niveles de capturas muy precautorios (si son posibles de identificar), debido al estado crítico de la población, junto con medidas de conservación y control. El plan de recuperación propuesto por los gobiernos de España y Portugal -y por el que se gestiona actualmente la pesquería- todavía no ha podido ser evaluado por el ICES debido a distintas deficiencias y/o falta de claridad del contenido.
5. Las organizaciones firmantes instan a los gobiernos de los dos países, así como a la Comisión Europea, a que lo antes posible sometan a la evaluación del ICES un plan de recuperación. Dicho plan debe disponer de elementos y medidas suficientemente consolidadas para adecuarse a los criterios establecidos por el ICES.