La Comisión Europea envió un ultimátum a España a principios de junio para que trasponga correctamente esta normativa. Este plazo expira en pocos días sin que se haya aprobado aún el Real Decreto cuyo borrador se sometió a consulta pública el pasado mes de abril y en el que se anunciaba como fecha límite 2021 para que todos los hogares con calefacción central tengan instalados estos dispositivos.
Esta medida afectará a, al menos, 1,7 millones de viviendas en España y supondrá un ahorro de 200€ al año para el consumidor español, lo que equivale a un 30% de la factura energética del hogar. Al mismo tiempo se evitará el despilfarro energético y la emisión a la atmósfera de 2 millones de toneladas de CO2 al año.
El 47% de la energía consumida en el hogar corresponde a la calefacción, según datos del Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE).
La mayor parte de los países de la Unión Europea (UE) ya han traspuesto la Directiva EED 2012/27/EU, por lo que ANIRCA confía en que el nuevo Ejecutivo, en su compromiso de reducir las emisiones de CO2 y promover la eficiencia energética, “incorpore la normativa comunitaria cuanto antes al ordenamiento jurídico español para que puedan empezar a ponerse en marcha las medidas necesarias para reducir el consumo de energía en el sector residencial, responsable de en torno al 18% del consumo total de energía en España”, explica el presidente de ANIRCA, Luis Cid-Fuentes.