Sin embargo, el Gobierno consideró la situación de sequía sólo para el caso del olivar de Jaén advirtiendo que sólo en esa provincia se habían provocado pérdidas por encima del 30%. Zurera ha recordado en este sentido que entonces el Ministerio "tomó datos del aforo realizado en octubre, datos que no formaban parte del informe, y que en cualquier caso no se correspondían con los reales que sí se recogían en la información remitida desde la Consejería". Para Zurera "la Junta sin embargo sí justificó la situación de sequía para todo el olivar andaluz". El delegado de Agricultura advierte además que "la necesidad de justificar una pérdida del 30% no figura en ningún documento ni normativa y que se utilizó de forma indiscriminada, perjudicando en este caso a los agricultores cordobeses. Así se le hizo saber al Ministerio cuando en el mes de mayo ratificaba su decisión en base a unos criterios que no se correspondían con los informes remitidos desde Andalucía".
La Consejería de Agricultura viene reclamando que se fije una norma transparente y consensuada que delimite bajo qué circunstancias deben aplicarse estas rebajas fiscales, al objeto de que genere seguridad jurídica en los realmente afectados, los agricultores, tal y como se recoge en el último escrito remitido al Ministerio el pasado mes de julio. Zurera ha indicado que "esa última misiva insiste en esta necesidad, así como se requiere para que se consideren las inclemencias meteorológicas, como la sequía, pues pueden producir pérdidas de producción o incremento de costes que justificarían esa rebaja fiscal. Por todo ello, no entendemos que se insista una y otra vez sólo en las pérdidas de producción", ha añadido el delegado.