En respuesta, Susana Ruíz, responsable de justicia fiscal de Oxfam Intermón, dice:
"Las grandes empresas están “engordando” sus beneficios con dinero que se escapa a las arcas públicas y es hora de que los gobiernos actúen en lugar de permitir agujeros legislativos que tan solo sirven para sobredimensionar las ganancias de las grandes compañías. Cuando grandes empresas como McDonald's se escapan sin pagar su parte justa de impuestos, son los hospitales y las escuelas de la UE y del mundo en desarrollo los que sufren. El caso de McDonald’s viene a sumarse al de compañías farmacéuticas, que están en el ojo de mira por sus prácticas fiscales”.
"Es una buena noticia que Luxemburgo esté anunciando algunos cambios legislativos para frenar estas prácticas injustas en el futuro. Pero algunos de los paraísos fiscales más agresivos están aún en el corazón mismo de Europa. Los Estados siguen resistiéndose a impulsar una mayor transparencia en las grandes empresas”.
“Los gobiernos deben dejar de estar al servicio de acuerdos fiscales que tan sólo sirven para engordar los beneficios de algunas grandes corporaciones e impulsar reformas fiscalmente más sanas y justas. Es hora de anteponer los intereses de la ciudadanía y reclamar que las grandes empresas paguen lo que les corresponde y hagan pública la información sobre dónde tienen su negocio real y dónde pagan impuestos”.
En España
La lucha contra los paraísos fiscales también debe ser una prioridad absoluta en la agenda de reformas en España. Más de la mitad de la inversión que llega a nuestro país lo hace a través de un paraíso fiscal, lo que supondría una pérdida de al menos 1.550 millones de euros.
Por eso, Oxfam Intermón con su campaña El dinero que no ves, pide al Gobierno que ante la batería de propuestas que ha presentado, pase ahora a la acción, priorizando la elaboración de una lista negra de paraísos fiscales objetiva y ambiciosa antes de que acabe el año. Sería absurdo que países entre los más pobres del planeta como Namibia, acaben señalados mientras conocidas jurisdicciones como Singapur, Islas Caimán o los territorios más agresivos en el corazón de Europa se quedan fuera.
Además, el Gobierno tiene en su mano frenar la sangría en el Impuesto de Sociedades elevando el tipo efectivo que pagan las grandes empresas, y acercándolo al tipo nominal, sin posibilidad de acceder a otros tratamientos preferenciales ni activar créditos fiscales. El conjunto de las empresas del Ibex35 tienen cerca de 60.000 millones en créditos fiscales, lo que equivale a 8 años enteros de recaudación en el Impuesto de Sociedades.
Reducir la desigualdad en España y priorizar las políticas sociales requeriría una reforma integral del diseño tributario de nuestro país, que a día de hoy sigue recaudando 7 puntos menos de PIB que nuestros vecinos europeos. “Para resolver la urgencia del gasto público hay que empezar por atajar las deficiencias de nuestro sistema fiscal” dice Susana Ruiz.