El índice Bovespa ya había acumulado una revalorización de más el 20% desde junio en un movimiento que se ha llegado a bautizar como ‘Bullsonaro’, y el real brasileño es la moneda que más se ha revalorizado de todo el mundo durante este mes. Este movimiento del real sin duda favorecerá las cuentas del cuarto trimestre de muchas cotizadas españolas. A Bolsonaro le pusieron la insignia de ‘market friendly’ desde que empezó a subir en las encuestas, a pesar de carecer de experiencia alguna en cuestiones económicas. Los inversores aguardarán expectantes a partir de ahora a que detalle su plan económico.
Se intuye que desea llevar una línea económica neoliberal, pero es necesario que concrete el tipo de medidas que quiere implementar. Lo que ha valorado el mercado es el equipo económico del que podría rodearse, con Paulo Guedes a la cabeza, al que le ha delgado estas cuestiones. Sus declaraciones apuntan a la privatización de empresas públicas ineficientes, a la contención del gasto, a la desregulación de la actividad empresarial y a encarar reformas estructurales. Las políticas económicas del nuevo gobierno deberán reforzar la recuperación económica del país, que atravesó una grave recesión en 2015 y 2016:
El PIB de Brasil muestra ahora un crecimiento del 1%, que podría ampliarse hasta el 1,4% a cierre de 2018 si se cumplen los pronósticos. El principal problema que debe atajar el nuevo gobierno es la reforma de las pensiones, en una misión nada sencilla debido a la fragmentación que se ha puesto de manifiesto en estas elecciones. No obstante, el mercado considera que el gobierno de Bolsonaro tiene una mayor capacidad para llevarla a cabo que la que hubiera tenido Haddad en caso de haber llegado al poder.
El actual sistema de pensiones es el principal culpable de que el déficit fiscal haya alcanzado cotas tan elevadas, que a su vez han disparado la proporción de deuda respecto a PIB hasta el 84%:
El déficit fiscal debe ser reducido, tarea nada sencilla. Los gastos deben controlarse si no se desea un deterioro de la situación del país y este aspecto también entraña dificultades, si tenemos en cuenta que la mayor parte del presupuesto se destina a pensiones, sanidad, educación y salarios públicos. Todos estos gastos son complicados de recortar y acometer su reestructuración implica tomar medidas impopulares. Uno de los objetivos del nuevo gobierno será recuperar la confianza de las agencias de calificación.
Precisamente el retraso en la reforma fiscal llevó a Fitch a rebajarle la nota desde BB a BB- el pasado mes de febrero. La privatización de empresas y sus planes para adelgazar el aparato burocrático gubernamental podrían contribuir a mejorar la situación del país y a ofrecer una mejor cara al exterior. La privatización de empresas como Petrobras o Electrobras es un asunto controvertido. El propio Bolsonaro se ha encargado de enfriar la posibilidad de que las relacionadas con la energía entren dentro de este plan. El pasado militar de Bolsonaro le hará incluir dentro de su gobierno a personas relacionadas con el ejército, que no verían con buenos ojos la privatización de empresas sensibles a la seguridad nacional como son las eléctricas o las petroleras.
A nivel financiero, se espera que una vez despejada la incertidumbre política, se retomen planes empresariales que habían quedado congelados a la espera de conocer al nuevo presidente. Están llamadas a reactivarse varias salidas a bolsa programadas, operaciones de M&A y emisiones de deuda corporativa. Aparte de la bolsa brasileña, probablemente la segunda bolsa del mundo que más pendiente estaba de estos comicios es la bolsa española.
De hecho, se podría afirmar que la victoria de Bolsonaro es de las pocas buenas noticias con las que ha contado el Ibex en este 2018. Contamos con hasta diez cotizadas con una presencia significativa en el país: DIA, Prosegur, Iberdrola, Prosegur Cash, Telefónica, Santander, Indra, Mapfre, Siemens Gamesa y Elecnor. Todas ellas confían en que el nuevo gobierno facilite la actividad empresarial con temas controvertidos como el mercado laboral o la presión fiscal sobre las empresas y, en definitiva, que el nuevo gobierno dote a Brasil de la seguridad jurídica necesaria para atraer más inversiones internacionales.