El director de Responsabilidad Medioambiental de AIG, José Luis Lorenzo, considera que, “de las tres opciones que ofrece la normativa, la contratación de un Seguro de Responsabilidad Medioambiental es la solución más idónea para transferir las exposiciones y riesgos de las empresas y la única posibilidad existente para una transferencia real de sus responsabilidades”. Sus principales argumentos para sostener esta posición son que, de acuerdo con la ley, los daños se pueden reclamar hasta 30 años después de que se produzcan, el hecho de que se deban, no solo reparar, sino también compensar y el que la póliza de Responsabilidad Civil General no ofrece cobertura para los nuevos requerimientos legales ni para la contaminación gradual ni para los posibles daños propios por contaminación, “aparte de que los directores y gerentes están expuestos a título personal”.
Por todo ello, José Luis Lorenzo recomienda también a todas las empresas que se decanten por contratar una póliza de Protección Ambiental que lo hagan con las siguientes coberturas básicas:
Además, considera importante, pero en un segundo nivel, contratar:
Todas estas opciones están incluidas en el producto que AIG pone a disposición de las empresas. Se trata de una amplia e innovadora póliza desarrollada durante sus más de diez años de experiencia en este ramo en España. Ello le da una acreditada experiencia en suscripción y gestión de siniestros, además de la flexibilidad y disponibilidad 24 horas al día los 365 días del año que tienen todos los productos de la compañía. Y para casos que afecten a empresas multinacionales, se pueden suscribir programas a medida con condicionados y gestión de los siniestros en idioma local.
Hay que tener en cuenta que los incidentes medioambientales no son algo que se produzca esporádicamente, “pues la mayoría no aparecen en los medios de comunicación”, explica José Luis Lorenzo. La importancia creciente que tiene esta área se puede comprobar consultando la Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente. Su última edición, en la que aparecen los datos de 2017,muestra que el número de fiscales especializados ha pasado de 126 cuando se creó, en 2009, a 170 el año pasado. Y solo en los procedimientos judiciales ha habido un aumento de 251 en 2017 respecto a 2016, de 4.016 a 4.267.