El diagnóstico recogido en el informe se realiza a partir de los resultados del Índice de Competitividad Regional (ICREG) que se ha elaborado para las 17 Comunidades Autónomas a partir de 53 variables o indicadores estructurados en torno a siete ejes competitivos que permiten identificar las fortalezas y debilidades competitivas: entorno económico, capital humano, mercado de trabajo, entorno institucional, infraestructuras básicas, entorno empresarial e innovación. Como novedad, el Informe incorpora una ficha por Comunidad Autónoma que indica su perfil competitivo.
Atendiendo a los datos, el coordinador del Informe, Patricio Rosas, ha indicado que “la competitividad promedio de las 17 Comunidades Autónomas aumentó en 2017, si bien a un ritmo inferior a la media del periodo de recuperación 2013-2016”.
Principales resultados del Informe de la Competitividad Regional (datos comparativos y análisis):
Entre los principales datos analizados destacan los siguientes:
Por su parte, José Carlos Sánchez de la Vega, director técnico del Informe, ha destacado que “en la mayoría de las CCAA existe un deterioro en dos de los ejes competitivos más ligados al potencial económico como son entorno empresarial e innovación, lo que puede implicar una menor capacidad de crecimiento a medio y largo plazo”.
Asimismo, también indicó que “se reducen los niveles de calidad institucional en más de la mitad de las Comunidades Autónomas”. Este resultado del ICREG es coincidente con otros indicadores internacionales, como por ejemplo el índice elaborado por el World Economic Forum, en el que España desciende puestos, especialmente por su marco institucional.
En 2017, los ejes que muestran un mejor comportamiento en la mayoría de las CCAA son entorno económico, mercado de trabajo y capital humano. En el lado opuesto, los ejes de entorno institucional y eficiencia empresarial son los que presentan peores resultados.
El Informe pone especial énfasis en la necesidad de actuar sobre los factores que estructuralmente lastran la competitividad de las CCAA, como es, por un lado, la baja productividad (sólo País Vasco, Comunidad de Madrid y Navarra presentan niveles de productividad superiores al promedio de la UE-28), debida, entre otras causas, al reducido tamaño medio de las empresas, la insuficiente inversión en innovación tecnológica y la inadecuada cualificación del capital humano, y, por otro, la dispar especialización de las economías regionales en términos de capacidad comercial, tecnológica y sectorial de las empresas.
Los resultados del Informe ponen de manifiesto que los indicadores referidos a deuda pública, formación continua, tasa de actividad, dinamismo emprendedor, tasa de temporalidad o concesión de patentes son los que se deterioran en un mayor número de CCAA. Entre las variables o indicadores que no empeoran en ninguna de las 17 Comunidades en 2017, destacan PIB por habitante, tasa de paro, desempleo de larga duración, población con nivel educativo alto y peso de los sectores sofisticados. Así mismo, según el Informe, el dinamismo y la importancia relativa en sus respectivos ejes, tasa de paro, PIB por habitante y déficit público son las variables con una contribución positiva más elevada al crecimiento del ICREG en 2017.
El previsible cambio de contexto y la actual incertidumbre política y económica hacen necesario continuar trabajando en los factores que incrementan la competitividad de las regiones, ya que –como ha señalado el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, durante la presentación del Informe– “este índice constituye un punto de partida más para la que debe ser asignatura obligatoria en la política económica regional, a saber, la elaboración de agendas autonómicas para la competitividad. En concreto, el índice facilita el diagnóstico, seguimiento y evaluación de las medidas propuestas”.
Según Pich, “conocer el punto de partida es de vital relevancia para afrontarlos retos económicos que pueden presentarse ante un escenario incierto que apunta a una desaceleración económica derivada de los precios de las materias primas, la normalización de la política monetaria europea, las medidas proteccionistas para el comercio internacional, los términos finales de la resolución del Brexit, y otras de orden social como la crisis migratoria, los niveles de pobreza y el medio ambiente”.