El Consejo de Administración de PSN se ha mostrado muy satisfecho con esta decisión judicial en la medida que refuerza la posición de la Mutua, que lleva años denunciando que la intervención de Banco Madrid, que tuvo un importante impacto en PSN dado que mantenía con esta entidad un magnífico acuerdo estratégico, fue completamente injusta y desproporcionada. Así lo prueba el auto judicial en el que se afirma que “documentos, numerosos, que forman parte de la causa, no revelan indicios de criminalidad suficientes al nivel exigible, más allá de meras afirmaciones que no han sido suficientemente acreditadas". Es más, basándose en un informe pericial, el auto sostiene que Banco Madrid tenía procedimientos de control y prevención, incrementados por la nueva dirección.
Se trata de una prueba más de la desproporción y la arbitrariedad de la intervención, una decisión que llevó a PSN, por acuerdo de su Consejo en sesión de 6 de febrero de 2016, a iniciar un procedimiento de reclamación patrimonial al Estado por los daños causados a la Mutua, en su doble condición de aseguradora y gestora de planes de pensiones. La cuantía estimada asciende a 16,5 millones de euros, según la valoración cuantitativa de un experto independiente contratado por PSN.
PSN seguirá luchando para restituir el daño que dicha decisión causó tanto a la Entidad como a sus mutualistas y este auto supone un espaldarazo para sus intereses en tanto desmonta el motivo principal de la decisión de Banco de España. Sería pertinente preguntarse cómo fue posible que el regulador bancario encontrara en menos de 24 horas unos indicios de criminalidad que se prueban inexistentes tras varios años de instrucción. PSN celebra esta sentencia, que pone en evidencia la agresión sufrida por Banco Madrid, el atentado contra el honor de sus órganos de gobierno y la credibilidad respecto de la humildad y la ética que rigen todas las operaciones de PSN, siempre en favor de los intereses de sus mutualistas.