Juan Moreno Rodríguez, presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), ha expuesto ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía la opinión y valoraciones de nuestra entidad respecto al Proyecto de Ley 10-15/PL-000007, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016. Tal comparecencia es habitual en cada curso político tal y como dicta el Reglamento de la cámara andaluza, que con ello reconoce el papel como agentes sociales de primer orden de organizaciones de personas consumidoras y usuarias como la nuestra.
A nuestro juicio, la principal prioridad de este presupuesto para 2016 debe ser, en la medida de lo posible, garantizar el estado del bienestar sin retrocesos en materia de derechos sociales. Pero tampoco se debe olvidar la necesidad de incentivar la economía productiva, fundamental para la creación de empleo y recuperación del consumo, haciendo de esta incipiente recuperación una oportunidad para devolver a la ciudadanía el bienestar perdido. Por ello nos satisface que las políticas sociales mantengan su peso y representen el 83.5% de este presupuesto, dando cobertura a políticas sanitarias, educativas, de dependencia, así como a programas de inclusión social. Aunque lamentamos un año más tener que reiterar que la apuesta por las políticas sociales de consumo es manifiestamente insuficiente, ya que es muy escaso el apoyo que este Proyecto de Presupuestos les brinda. Y es evidente la continuada pérdida de peso cuantitativa y cualitativa de las mismas respecto a las demás políticas en estos últimos años. Todas estas cuestiones han sido expuestas por Juan Moreno ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía.
El presidente de UCA-UCE también ha llamado la atención sobre la situación de emergencia económica de Andalucía, que requiere auténticas políticas de choque orientadas al empleo, a la reindustrialización de nuestro territorio y a la identificación de nuevos patrones de crecimiento y de actividad económica. Para UCA-UCE son necesarias políticas de amplios pactos económicos y sociales, superando las políticas puntuales de cada año por otras más estructurales de amplios consensos, y donde los legítimos representantes de los consumidores y usuarios puedan jugar su legítimo papel como agentes sociales de primer orden. En cualquier caso, de las estrategias de crecimiento económico contempladas en este presupuesto, UCA-UCE quiere apoyar las relativas a la eficiencia energética y la sostenibilidad.
POLÍTICA DE CONSUMO
Mucho ha sido el terreno perdido, y aunque se contemple un incremento para este año del 14.89% para las políticas de consumo, hasta alcanzar los 15.2 millones de euros, no podemos olvidar que la mayor parte de estos recursos se dedican a Capítulo I (personal), lo que deja unas cifras auténticamente insignificantes para el resto de conceptos en esta amplísima y transversal materia. En este sector, la dotación de los gastos de personal, no debe hacerse a costa de la bajada o contención de los recursos finalistas dedicados a programas de defensa de las personas consumidoras y usuarias, y desarrollados en muchos casos por sus organizaciones representativas. Es momento, por tanto, de corregir el rumbo reforzando los mecanismos de protección de las personas consumidoras, aquellas que están sufriendo los efectos más nocivos de la crisis económica y del mal funcionamiento de los mercados y quienes en mayor medida padecen los abusos y distorsiones de éstos.
Juan Moreno ha denunciado también “la nefasta gestión presupuestaria que de las partidas aprobadas para las políticas de consumo se ha venido haciendo en los últimos años, con lo que ello representa de incumplimiento de los mandatos constitucionales y estatutarios de fomento de estas políticas y de las organizaciones representativas de la ciudanía como consumidora y usuaria”. Y también ha criticado la fallida convocatoria de subvenciones de consumo en 2013, que supuso una importante merma de recursos para algunas federaciones, y el barrado de presupuestos en 2014, que dejó sin cobertura todas las actividades ejecutadas por las asociaciones. Así como que a estas fechas del año sigan sin estar resueltas definitivamente las de 2015 y la velada amenaza a algunas asociaciones con ser excluidas.
Moreno también ha manifestado que “las dificultades por las que atravesamos la mayoría de organizaciones nos llevan a pensar que la Junta de Andalucía lamentablemente se desentiende del movimiento organizado de personas consumidoras y usuarias, de su devenir, y que, lejos de ayudarlas, se está convirtiendo en una amenaza” y ha defendido “la necesidad de cobertura a la protección de las personas consumidoras y usuarias en tiempos de crisis, unas políticas que son sociales porque de ellas depende tanto la defensa de sus derechos como de sus legítimos intereses, unas personas a las que representamos por mandato constitucional y estatutario”.
Según ha planteado el presidente de UCA-UCE, “es fundamental una enmienda orientada a una profunda revisión de los sistemas de ayudas al movimiento organizado de personas consumidoras y usuarias, para garantizar con ello el cumpliendo los mandatos constitucionales y estatutarios de fomento de estas políticas de protección a las personas consumidoras y usuarias a través de la cobertura de programas en materia de consumo y de fomento del asociacionismo”. Para Moreno, tal enmienda se basaría en la búsqueda real del cumplimiento del I Pacto por la Garantía de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, un compromiso firmado hace unos años por la Junta de Andalucía con las federaciones de consumidores y usuarios más representativas de nuestra Comunidad Autónoma, que finalmente “se ha quedado en un mero brindis al sol”.
Moreno también ha mostrado su temor de que “el actual sistema de ayudas esté entendiendo a las asociaciones de consumidores más como un problema que como un instrumento válido para la mejor defensa de los consumidores andaluces. Y ha reivindicado “una correcta dotación presupuestaria para la formación e información de las personas consumidoras y usuarias para minimizar el riesgo de fraudes y abusos” y mayor capacidad de las organizaciones para intervenir en el mercado.
Por último, el presidente de UCA-UCE ha valorado de forma positiva las partidas dedicadas a los órganos extrajudiciales de resolución de conflictos, que “ofrecen alternativas rápidas y gratuitas que generen confianza y eviten saturar aún más la jurisdicción común”.