Este criterio vinculado al crecimiento económico forma parte de la fórmula de financiación propuesta por la patronal y que condiciona los fondos destinados a financiar el transporte público también al número de usuarios, que casualmente el año pasado crecieron igual que la economía, según las estimaciones de ATUC, mientras que las subvenciones permanecieron congeladas.
El tercero de los factores de los que dependería la cuantía presupuestada para financiar el transporte público lo marcarían las exigencias medioambientales para cumplir con los objetivos comunitarios. Y en este contexto, las restricciones al tráfico privado en casi 150 centros urbanos -tal y como recoge el anteproyecto de ley contra el Cambio Climático- aumentarán los costes operativos si se quiere mantener la calidad del servicio prestado, por lo que los operadores necesitan saber con suficiente antelación los recursos con los que contarán para acometer sus inversiones a medio y largo plazo.
Un nuevo modelo de reparto
La Ley de Financiación del transporte público, que deberá aprobarse durante el primer trimestre del año, recoge como propuesta estrella la creación de un Fondo Estatal para la Movilidad Urbana Sostenible, que sustituiría paulatinamente al actual mecanismo de financiación, basado en las subvenciones del Estado y en los contratos-programa, evitando la instrumentalización política de los fondos y garantizando un reparto equitativo y, sobre todo, previsible de las ayudas para reforzar el sistema.
ATUC sostiene que este Fondo Estatal estaría dotado con la aportación que anualmente establezcan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y coordinado por una Comisión Gestora, un órgano colegiado adscrito a la Administración General del Estado que permitiría una mayor integración entre las distintas modalidades de transporte público e incrementaría la eficacia a la hora de asignar responsabilidades y competencias.
De hecho, su representación recaería en cinco vocales de la Administración General del Estado -dos serían designados por el Ministerio de Hacienda y de Función Pública, dos por el Ministerio de Fomento y uno por el Ministerio para la Transición Ecológica-, tres representantes elegidos por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y dos vocales en representación, respectivamente, de los consorcios ya existentes en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, siempre y cuando decidieran adherirse al régimen general de financiación establecido en esta Ley y dejaran de financiarse mediante los llamados contratos-programa, también en vigor en Canarias y Valencia.
Según Miguel Ruiz, presidente de ATUC, “este Fondo dotaría al sistema de la previsibilidad de la que carece en la actualidad. Los operadores sabrían con antelación los recursos con los que contar a la hora de realizar inversiones, lo que en última instancia revertiría en una mejor calidad del servicio ofrecido a los usuarios, en más competitividad de nuestras empresas y en una mayor creación de riqueza en nuestras ciudades”.