Las ingenierías argumentan que bien por desconocimiento, falta de medios o de personal adecuado en las administraciones más pequeñas, o bien por falta de dedicación en las administraciones autonómicas, que se esperan a conocer los pliegos de la Administración Central, se ha producido un freno en la licitación y en lo poco que se ha licitado se han detectado errores en los pliegos que, no obstante, en un 95% de los casos se han corregido tras advertirse.
Por el contrario, sólo en un 5% de los casos advertidos por FIDEX la administración contratante se ha resistido a corregir los pliegos, como ha sucedido con los ayuntamientos de A Coruña y Logroño, algunas áreas del Ayuntamiento de Madrid, el Canal de Isabel II o la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Por todo ello, FIDEX insta a las administraciones autonómicas y locales a acudir a las Juntas Consultivas, dependientes del ministerio o consejerías de Hacienda, para consultar la aplicación de la ley y evitar así posibles errores que deriven en suspensiones de los concursos públicos.
Eso sí, la entidad pide también que este órgano sea diligente en su cometido de manera que sus resoluciones se fallen con agilidad. Así, por ejemplo, se han conocido casos como el de una reciente licitación de la Autoridad Portuaria de Castellón, que fue avisada de una irregularidad en un concurso en el que el peso de la oferta económica era superior a la técnica, contraviniendo la ley. La Autoridad Portuaria pidió un informe jurídico a la Junta Consultiva para establecer la ponderación de los criterios de adjudicación del que no recibió contestación alguna y, finalmente, decidió suspender la licitación.
Por otra parte, y en lo que respecta a las entidades dependientes del Ministerio de Fomento como la Dirección General de Carreteras o ADIF, la Ley de Contratos del Sector Público ha permitido que ambas entidades dejen de adjudicar al más barato, si bien frecuentemente se ajustan a los mínimos que permite la ley, dando el mínimo del 51% a los criterios técnicos y el máximo del 49% al precio, cuando los principales organismos internacionales establecen el baremo en el 80-20, ejemplo que FIDEX pide seguir.
Según el director general de FIDEX, Fernando Argüello, “muchas administraciones aún están adaptando los pliegos a la nueva ley y a ello hay que sumar un cambio de gobierno, el segundo en menos de un año, lo que supone que el parón inversor, que se inició hace año y medio, se prolongará hasta 2020. España ha mejorado su escenario de contratación pero se invierte poco y, de ese poco, una buena parte la destinan Fomento, AENA y ADIF a alimentar a la ingeniería pública Ineco, como hemos visto hace apenas una semana con el contrato para la renovación y ampliación de la estación de Chamartín”.