Ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
- Informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la puesta en marcha de un plan de choque para la reducción de las listas de espera quirúrgica y de consultas.
- Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía para 2019.
- Acuerdo por el que se inician las actuaciones necesarias por parte de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para la supresión de los aforamientos.
- Acuerdo por el que se inician las actuaciones necesarias por parte de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para la implantación de medidas de protección de la persona denunciante del fraude y la corrupción en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Declaración institucional con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres
- Autorización de operaciones de financiación para la Comunidad Autónoma de Andalucía por los mecanismos de concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de cuatro mil seiscientos tres millones ciento treinta y cinco mil euros; así como de adhesión al Compartimento Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.
- Acuerdo por el que se solicita a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la realización de un estudio de evaluación y análisis de eficiencia del ejercicio de las competencias en materia de enseñanza universitaria atribuidas a la Junta de Andalucía
- Acuerdo para la puesta en marcha de medidas para agilizar, simplificar, armonizar y aclarar los procedimientos y trámites administrativos en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
- Decreto por el que se aprueba el Programa Estadístico y Cartográfico de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019.
- Informe de la Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio sobre la situación de los contratos de conservación integral de las carreteras andaluzas.
- Acuerdo por el que se autoriza a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a la concesión de una subvención dirigida a inversiones en mejora de regadíos en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014 – 2020.
- Acuerdo por el que se declara de utilidad pública el monte público “Los Puntales”, sito en el término municipal de Obejo (Córdoba), y se acuerda su inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Córdoba.
- Nombramientos.
Salud invertirá 25,5 millones de euros en un plan de choque para reducir las listas de espera
Un total de 843.538 andaluces aguardan para una intervención o consulta de especialista, más del doble del dato conocido hasta diciembre de 2018.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha detectado que 843.538 personas están pendientes de una intervención o de una consulta de atención especializada hospitalaria, más del doble de las que se conocían hasta diciembre de 2018.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un plan de choque para atender a las personas usuarias del Servicio Andaluz de Salud que están a la espera de una intervención quirúrgica o de una primera consulta de especialista en la sanidad pública. La medida contará con un presupuesto de 25,5 millones de euros hasta diciembre de 2019 para reducir las listas de espera.
Un informe elaborado por la Consejería de Salud y Familias ha concluido que más de 500.000 andaluces no estaban contabilizados en las estadísticas publicadas y remitidas a los distintos organismos oficiales. El acuerdo ratificado en el Consejo de Gobierno permitirá la incorporación de esas personas a las estadísticas oficiales, gracias a una conceptualización completa, y no parcial, de los datos que conforman las listas de espera.
A partir de ahora, estos registros no se elaborarán sólo con los procedimientos quirúrgicos o las consultas hospitalarias que están sujetas a plazo de garantía. De esta forma, el nuevo modelo apostará por una visión integral, ya que entiende que todo paciente en espera de un procedimiento quirúrgico o de una primera consulta hospitalaria está incluido en las listas de espera quirúrgica o de consultas, convirtiéndose en un demandante de asistencia sanitaria al que hay que atender.
La Consejería de Salud y Familias ha detectado que un gran número de personas no figuraban inscritos en el Registro de Demandantes regulado en el decreto del sistema de garantías, motivo por el que no estaban incluidos en las listas de espera y no tenían los derechos regulados en dicha normativa. El número de personas excluidas de los registros oficiales de demandantes de asistencia quirúrgica o de primera consulta de especialista era igual al que sí figuraba en las listas de espera.
Los últimos datos oficiales publicados con el sistema de garantías de plazos puesto en marcha en 2001 corresponden a junio de 2018: el número de personas en la lista de espera quirúrgica ascendía a 71.868. El nuevo sistema global implantado en diciembre de 2018, que incluye tanto a los que estaban dentro del decreto de garantías como los que no, multiplica esa cifra. Así, a la referida fecha de 30 de junio de 2018, el número real de personas en lista de espera quirúrgica se eleva a 158.015, que son 86.147 más que los computados entonces.
Este desfase supone que la demora media aumenta en 134 días, el incremento de las tasas es de 10,48 pacientes por mil habitantes y los pacientes fuera de plazo o con demora mayor de 365 días se incrementan en 23.873.
Por su parte, los pacientes pendientes de una consulta a fecha de 30 de junio de 2018 ascendían a 222.962. El cambio de sistema eleva la lista de espera de consultas a 685.523 personas, por lo que ha permitido que se detecten 430.425 pacientes más. Así, la demora media aumenta en 123 días y los pacientes con demora mayor de 60 días se incrementan en 281.967.
El incremento de pacientes en lista de espera quirúrgica (75.983) y en consultas (430.425) a fecha 30 de junio 2018 suma 506.408 personas y motivan la aprobación de este plan de choque que se desarrollará hasta finales de año. Para ello la Consejería de Salud y Familias recurrirá a un impulso de las intervenciones, pactará horas extraordinarias con los profesionales sanitarios, potenciará la cirugía ambulatoria y derivará pacientes a hospitales concertados.
Aprobado el decreto que consolidará 7.215 plazas de temporales e interinos en el ámbito general y docente
Esta oferta de empleo fue acordada entre la Consejería de la Presidencia y los sindicatos con representación en la Mesa General de Función Pública.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la Oferta de Empleo Público extraordinaria que la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior acordó hace unos días con los sindicatos representados en la Mesa General de la Función Pública para reducir la tasa de temporalidad en la Administración autonómica. Así, el Decreto de Oferta de Empleo Público contempla 7.215 plazas para este ejercicio, de las que 2.715 pertenecen a la Administración General y las restantes, 4.500, al sector docente.
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 posibilitó una tasa adicional de reposición de efectivos para la estabilización de empleo temporal que incluía las plazas de naturaleza estructural dotadas presupuestariamente que hayan estado ocupadas ininterrumpidamente por personal con contratación temporal al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2017 en diversos sectores y colectivos.
La mencionada norma estableció además que las administraciones públicas podían disponer en los ejercicios 2017 a 2019 de una tasa adicional para la estabilización de trabajo temporal de aquellas plazas que estuviesen dotadas presupuestariamente y, desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005, hubiesen estado ocupadas de forma temporal de manera ininterrumpida, en los términos previstos en la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
A lo expuesto se puede sumar la previsión del artículo 19.1.4 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de que no computarían dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos las correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante una sentencia judicial.
El pacto alcanzado entre la Consejería de la Presidencia y los sindicatos se encuadra dentro del acuerdo marco que se fijó en el seno de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía el 13 de julio de 2018, para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público autonómico, ratificado luego en Consejo de Gobierno el 17 de julio de 2018.
La Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior garantiza, en línea con lo marcado en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que en los correspondientes procesos selectivos de estabilización que se articulen se cumplirán los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La convocatoria, que incluirá la correspondiente reserva de plazas para las personas con discapacidad, permitirá que cualquier aspirante pueda participar en los procesos selectivos con independencia de que se encuentre o no prestando servicios como personal interino en ese momento y sin necesidad de que el puesto que ocupe haya sido insertado o no en los procesos de estabilización.
En dichos procesos selectivos, que se aprobarán siempre previa negociación con las organizaciones sindicales, se tendrá en cuenta la valoración como mérito de la experiencia acumulada a lo largo de los años de servicio. De hecho, al decreto que se ha aprobado hoy se ha llegado a través de un proceso de negociación con los sindicatos.
La Comisión Europea, en uno de sus múltiples informes de recomendaciones, efectuó una llamada de atención al Gobierno de la Nación para que acelerara el proceso de conversión de plazas de interinos y temporales en fijos dentro del sector público, a fin de reducir la tasa de temporalidad en la Administración al 8% antes de que finalice el año en curso.
El Consejo de Gobierno inicia los trámites para la supresión de los aforamientos
Su eliminación supone que, en caso de delito, los diputados, la Presidencia de la Junta y los consejeros deberán responder ante la justicia ordinaria.
El Consejo de Gobierno ha acordado comenzar los trabajos para la modificación del Estatuto de Autonomía para Andalucía, con la finalidad de eliminar los aforamientos de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía, de las personas titulares de las distintas consejerías y de los diputados del Parlamento de Andalucía. La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local será la encargada de iniciar las actuaciones.
El aforamiento es una figura recogida en el Estatuto de Autonomía para Andalucía que establece un régimen particular para el enjuiciamiento de la responsabilidad penal de los diputados y diputadas, así como para el enjuiciamiento de la responsabilidad penal y civil en el caso de la Presidencia y las personas responsables de las diferentes consejerías. En estos casos, no son los juzgados ordinarios los encargados de investigar y enjuiciar los posibles delitos, sino el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) o el Tribunal Supremo, si los hechos fueran cometidos fuera del territorio andaluz.
El Gobierno andaluz considera necesario plantearse el fundamento de esta figura como prerrogativa parlamentaria, justificada hasta ahora en que las elevadas funciones de las personas aforadas exigen mecanismos específicos de protección frente a posibles represalias políticas. Pese a esta base garantista, el Consejo de Gobierno considera que la regeneración democrática de las instituciones debe someterse a las exigencias de los tiempos y a las nuevas demandas democráticas de la ciudadanía. Además, la reforma del Estatuto de Autonomía para suprimir los aforamientos es una de las medidas pactadas por el nuevo Gobierno andaluz.
Por todo ello, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local da comienzo a los trámites para que las personas aforadas, que si bien deben seguir siendo protegidas en el ámbito de su libertad de expresión parlamentaria y política, sean juzgadas por la jurisdicción ordinaria en aquellos asuntos ajenos a su función parlamentaria y que les implique de forma directa en cualquier procedimiento judicial de cualquier ámbito jurisdiccional.
El Gobierno andaluz protegerá a las personas denunciantes del fraude y la corrupción
El objetivo es preservar su identidad y la asistencia jurídica y psicológica.
El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar las actuaciones necesarias para la adopción de medidas encaminadas a la protección de la persona denunciante del fraude y la corrupción. Será la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, la encargada del desarrollo de estas iniciativas en cumplimiento de sus competencias.
El Gobierno andaluz considera necesario este amparo, de tal forma que se regule la protección y la tutela de los derechos de todas las personas que denuncien posibles irregularidades y actuaciones fraudulentas o corruptas por parte de las personas al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. Con ello se pretende que estas personas tengan garantizado el derecho a la protección de su identidad, a la asistencia jurídica y psicológica, y a la indemnidad en sus condiciones laborales frente a posibles represalias.
Para el Ejecutivo autonómico, uno de los pilares fundamentales para la lucha contra la corrupción es la implementación de políticas efectivas que promuevan la participación de la sociedad en el control eficaz de sus instituciones. Con frecuencia, existen reticencias por parte de las personas que tienen conocimiento de la existencia de una actuación fraudulenta a denunciar este tipo de prácticas por miedo a represalias. En consecuencia, la Junta pretende ofrecer una adecuada protección a las personas denunciantes a través de mecanismos que generen confianza y que promuevan una mayor implicación ciudadana.
Las nuevas medidas se integrarán en un único texto legal junto con la creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. De esta forma, y conforme a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Principio Administrativo Común de las Administraciones Públicas, El Gobierno andaluz estaría dando cumplimiento a principios tales como el de necesidad y eficacia o el de seguridad jurídica, procurando un marco normativo estable, integrado y claro.
Declaración institucional del Consejo de Gobierno con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres
Conmemoramos hoy el 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, con el convencimiento de que el avance hacia una sociedad plenamente igualitaria es una cuestión de justicia. Ninguna sociedad democrática y de derecho puede permitirse el lujo de dar la espalda a la mitad de la población. El progreso económico y social de Andalucía y España pasa necesariamente por aprovechar el potencial de las mujeres. Y el compromiso del nuevo Gobierno andaluz para tal fin es firme y decidido.
En este camino, la conciliación y la corresponsabilidad tienen y deben jugar un papel fundamental. La conciliación real y efectiva solo se alcanzará cuando sea un compromiso adquirido y compartido, por igual, por mujeres y hombres. Solo así la mejora del acceso de las mujeres al empleo, a la promoción, a la formación, así como la ruptura de los techos de cristal y de la brecha salarial estarán más cerca de hacerse realidad.
La conciliación laboral y familiar es hoy por hoy uno de nuestros grandes retos. Y en ello la coeducación y la transversalidad serán claves. En este acuerdo social es indispensable abrir nuevas sendas, con mayor recorrido y trascendencia para la ciudadanía. Su plena implementación necesitará del esfuerzo no sólo de la Junta de Andalucía, sino también de los partidos políticos, los agentes sociales y empresariales, el tejido asociativo y la sociedad en su conjunto. Ésta es una lucha ineludible de mujeres y hombres. La igualdad es una bandera que debemos enarbolar todos y todas. Desde luego este Gobierno, con su presidente al frente, así lo hará.
Y lo hará porque la reivindicación del 8 de Marzo continúa siendo muy necesaria. Todas las comparaciones estadísticas entre hombres y mujeres a nivel mundial, nacional y regional así lo constatan. La desigualdad no es una impresión subjetiva. Es una realidad para millones de mujeres en todo el mundo. También en Andalucía. Porque pese a las muchas conquistas y avances logrados en los últimos tiempos, las mujeres siguen cobrando menos que los hombres por el desempeño del mismo trabajo, continúan dedicando más tiempo a las tareas del hogar y al cuidado de la familia, lideran la contratación a tiempo parcial, sufren mayor precarización laboral y la ocupación de puestos de gestión y dirección aún es residual. No podemos conformarnos con una igualdad formal, reconocida en las leyes, pero sin una efectividad clara y real en el día a día de las mujeres.
Una desigualdad que tiene en la violencia machista su consecuencia más cruel y dramática. En lo que va de año, nueve mujeres han sido asesinadas en España. Intolerable e inadmisible. Lacra contra la que vamos a destinar todos los esfuerzos y recursos a nuestro alcance. Todos los grupos del arco parlamentario debemos estar unidos con el objetivo último de conseguir su erradicación.
La igualdad de género es un compromiso diario e inexcusable.
Autorizado un endeudamiento de 4.603 millones para atender las necesidades de financiación en 2019
La comunidad acuerda su adhesión al compartimento Facilidad Financiera y dispondrá de 1.882 millones de euros en el primer trimestre del año.
El Consejo de Gobierno ha autorizado la formalización de operaciones de endeudamiento por un importe máximo de 4.603,13 millones de euros, correspondientes a las necesidades de financiación de Andalucía en 2019, que se desglosan de la siguiente manera: 4.212,04 millones se destinarán a amortizar vencimientos de deuda, 223,26 millones a financiar la devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación correspondientes a 2008 y 2009, y otros 167,83 millones a financiar el objetivo de déficit de este ejercicio (0,1% del PIB regional).
La autorización se tramita teniendo en cuenta las previsiones reales de pagos por amortización del endeudamiento de la comunidad autónoma de Andalucía y los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para el ejercicio 2019, adecuando el escenario presupuestario de las operaciones financieras al objeto de respetar el principio contable de equilibrio presupuestario.
Conforme al Plan plurianual de endeudamiento presentado por la comunidad andaluza en 2018, de la deuda total autorizada se prevé que un importe de en torno a 1.320 millones de euros se financie a través de operaciones de mercado, previa autorización del Consejo de Ministros. El resto se financiará con cargo al Fondo de financiación a comunidades autónomas.
En este sentido, el Gobierno andaluz ha manifestado su voluntad de adhesión al compartimento Facilidad Financiera 2019, uno de los mecanismos previstos en el Fondo de financiación a comunidades autónomas para las regiones que cumplen con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y han conseguido controlar la demora en el pago a proveedores.
El pasado 31 de enero, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acordó la distribución de los recursos previstos para el primer trimestre del año entre las comunidades autónomas, asignando a Andalucía un importe total de 1.881,97 millones de euros con cargo al citado compartimento.
El Consejo solicita un informe sobre la eficiencia en la gestión de las competencias universitarias de la Junta
El estudio, que será realizado por el organismo independiente AIReF, valorará la dotación de recursos en relación a los objetivos perseguidos.
El Consejo de Gobierno ha acordado solicitar, a través de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, a que se realice por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) un estudio que analice y evalúe la eficiencia de las competencias de la Junta de Andalucía en materia universitaria.
El documento se enmarca en “el conjunto de medidas para la evaluación y mejora de las políticas públicas en Andalucía propuestas por el nuevo Gobierno, entre las que se incluye promover la transparencia y mejorar la rendición de cuentas”.
De esta forma, será un organismo independiente el que articule el citado estudio, dentro de sus competencias, ya que la AIReF tiene como misión garantizar el cumplimiento efectivo por parte de las administraciones públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y de las previsiones económicas.
El alcance del estudio comprenderá los ámbitos de estrategia y procedimiento, eficacia y eficiencia y, entre otras materias, incluirá la evaluación de los planes de la consejería en términos de dotación de recursos y de los objetivos perseguidos, relacionados con las necesidades del mercado de trabajo, en materia de docencia e investigación.
También contemplará el análisis de los mecanismos de asignación económica a las diferentes universidades públicas, su utilización y control y la coherencia de los programas de I+D+i con la estrategia general marcada por la Junta de Andalucía.
Fomento inicia la elaboración de un plan de medidas para agilizar los trámites urbanísticos
El Gobierno andaluz promueve la simplificación de los procedimientos administrativos para facilitar las gestiones a los ayuntamientos.
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha iniciado los trabajos para elaborar un paquete de medidas que permitan agilizar los trámites urbanísticos y de ordenación del territorio. El Gobierno andaluz pretende propiciar una simplificación de los procedimientos y trámites administrativos en esta materia real, con acciones concretas y factibles.
La regulación actual resulta prolija e incluso confusa en múltiples aspectos, lo que condiciona negativamente la tramitación de los planes y los instrumentos de gestión y ejecución del planeamiento territorial y urbanístico. A finales de 2016, el anterior Gobierno andaluz promovió un decálogo de medidas para la flexibilización del proceso de planificación. Sin embargo, estas medidas no han sido desarrolladas ni se ha culminado la aprobación de la nueva Ley de Urbanismo.
Ante esta situación, el Gobierno inicia los trabajos para acometer los cambios necesarios para facilitar los trámites a los ayuntamientos. Para ello, se va a plantear una modificación normativa que potencie las competencias municipales en materia de Urbanismo.
A su vez, se aprobarán unas instrucciones que definan con claridad qué documentación tienen que presentar los consistorios para llevar a cabo una modificación urbanística. Estas instrucciones podrán ser conocidas por todos los ayuntamientos a través de la web de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
El Consejo de Gobierno aprueba el Programa Estadístico y Cartográfico de Andalucía para 2019
Desarrollará un total de 358 actividades durante todo el año, con una inversión global de 5,04 millones de euros.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Programa Estadístico y Cartográfico de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2019, que reúne la producción de la Junta con un total de 358 actividades y una inversión prevista de 5,04 millones de euros.
En su conjunto, la programación para 2019 se compone de 254 estadísticas, 44 actividades cartográficas y otras 60 actividades que ofrecen información integrada de los dos ámbitos. La responsabilidad de estas actividades, que se coordinan en el Instituto Estadístico y Cartográfico de Andalucía, dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento Empresas y Universidad, corresponde a la totalidad de las consejerías de la Junta y otros organismos que integran el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía.
La mayor parte de los trabajos corresponde a las áreas de actividad económica y tejido empresarial (100), condiciones de vida y bienestar social (63) y ecosistemas, recursos naturales y el medio ambiente (41). Les siguen los relacionados con la administración y los servicios públicos (27), los usos del tiempo (23), el transporte y la movilidad (22), el territorio (18), el mercado de trabajo (17), la población, las familias y los hogares (15), I+D+i y sociedad de la información (10), vivienda y edificación (4) y consumo (1).
Entre este conjunto de actividades, destacan la Base de datos longitudinal de población de Andalucía (BDLPA), que tiene previsto continuar con la integración de registros administrativos para la elaboración de estadísticas de base poblacionales en área pequeña. El objetivo último es disponer de un censo virtual, es decir, una base de datos con características individuales que permita generar estadísticas de detalle sin que sean necesarios trabajos de campo.
Se avanza también en la integración de datos estadísticos y espaciales y se prevé una nueva edición de la Distribución espacial de la población en Andalucía a 1 de enero de 2018, aportando información territorial desagregada en una malla estadística de cuadrículas de 250 metros de lado que cubre todo el territorio andaluz, que además tiene previsto ampliar la información relativa a urbanismo y construcción procedente de fuentes administrativas.
En relación con el territorio, destaca la ‘Base cartográfica de Andalucía 1:10.000 (BCA10)’, que ofrece los datos espaciales de carácter topográfico, restituidos mediante técnicas fotogramétricas a partir de vuelos, que seguirá avanzando en 2019 y alcanzará el 90% del territorio andaluz, así como la actividad ‘Sistema de información del patrimonio natural de Andalucía (SIPNA)’, cuyo objetivo es obtener información sobre la ocupación, los usos y coberturas vegetales en Andalucía, su distribución y evolución.
En el ámbito específico del mercado de trabajo, está previsto publicar información sobre la brecha de género en salarios y pensiones, así como sobre inserción laboral de los jóvenes, a partir de la información de trayectorias profesionales recogida en la Muestra continua de vidas laborales.
En materia de indicadores para el seguimiento de las políticas públicas, resalta la actividad ‘Sistema de indicadores de desarrollo sostenible de Andalucía para la Agenda 2030’, cuyo fin es ofrecer información para Andalucía de un conjunto de indicadores estructurados a lo largo de los 17 objetivos de desarrollo sostenible 2030 que permiten comparar Andalucía con España y los demás países de nuestro entorno.
En el ámbito de las estadísticas sociales está prevista la realización de dos encuestas que tienen como objetivo conocer los hábitos, las pautas de consumo y actitudes de los hogares andaluces en relación con diferentes aspectos del medio ambiente y las opiniones y actitudes de los andaluces en los distintos ámbitos cotidianos (familia, trabajo, conciliación, educación...), tomando la perspectiva de género como eje transversal del estudio.
Las resultados de las actividades del programa se difundirán a través de internet y estarán accesibles en los portales web de los distintos organismos responsables utilizando en la medida de lo posible las infraestructuras básicas de difusión que contempla el plan, como son el ‘Banco de datos estadísticos de Andalucía (BADEA)’, repositorio de información centralizado que da cobertura a toda la producción estadística del Sistema estadístico y Cartográfico de Andalucía, y la Infraestructura de datos espaciales de Andalucía (IDEAndalucía), que además del nodo central cuenta con 15 temáticos de las administraciones autonómica y local.
Este año está previsto que se incorpore el nodo de Información agraria, dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y que traerá consigo un incremento significativo de la información espacial disponible en una materia en la que las demandas de información espacial por parte de la ciudadanía son cada vez más elevadas.
Asimismo, la diseminación de la herramienta para la generación de nodos IDE Gnoide facilitará la apertura de nuevos nodos autonómicos como los de Salud y Turismo, así como la paulatina incorporación de los ayuntamientos a esta tecnología.
Para cada una de las actividades, se especifican el organismo responsable de su ejecución y las tareas concretas que se van a llevar a cabo, así como el calendario y los productos de difusión de los resultados.
Destinados 16 millones a prorrogar por vía de emergencia 14 expedientes de mantenimiento de carreteras
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio informa al Consejo de contratos conservación de vías expirados.
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha informado al Consejo de Gobierno sobre el estado de ejecución y licitación de la conservación integral de los 10.500 kilómetros de carreteras de la red autonómica, después de descubrir que los contratos vigentes habían expirado o estaban a punto de expirar, sin posibilidad de fijar una prórroga. Concretamente, la Junta destina casi 16 millones de euros a prorrogar por vía de emergencia 14 expedientes de mantenimiento de carreteras.
En este sentido, 27 de los 35 contratos de conservación existentes finalizan o han finalizado en el presente año y cinco de ellos tienen previsto que expire a principios de 2020. Solo hay tres contratos que fueron adjudicados en tiempo y forma por la Dirección General de Infraestructuras con un plazo de ejecución de dos años con posibilidad de prórroga, por lo que no tienen problema presupuestario alguno.
El informe presentado por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ante el Consejo de Gobierno recoge que existen diez contratos cuya prórroga, ante su inminente finalización, se declaró en diciembre de 2018 con carácter de emergencia por periodos de entre uno y dos meses y un importe de 2,6 millones de euros.
Al estar a punto de vencer los plazos, se ha procedido a la ampliación de estas emergencias hasta el mes de julio, por otros 5,8 millones. La Consejería espera poder culminar la adjudicación de los contratos que actualmente se encuentran en licitación en esa fecha.
Existen otros 14 contratos cuyo plazo de finalización sin posibilidad de prórroga está fijado para el primer semestre del año. Se va a proceder a la misma fórmula de declaración de emergencia con plazo suficiente para dar tiempo a la licitación y adjudicación de los nuevos contratos entre junio y octubre. El montante de estas 14 declaraciones de emergencia asciende a 10 millones de euros que, sumado a los diez contratos anteriores, eleva el importe en casi 16 millones de euros.
La última remesa de contratos de conservación, ocho en total, tiene prevista su finalización entre el último trimestre de 2019 y los primeros de 2020. En estos casos no hará falta declaración de emergencia, ya que se encuentra en fase de contratación para su licitación y se adjudicarán a tiempo.
El Consejo autoriza una ayuda de 4,3 millones a la comunidad de regantes de Aldeire-La Calahorra
La subvención de la Consejería de Agricultura se destinará a la modernización del sistema y a un uso más eficiente del agua.
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a la concesión de una subvención a la Comunidad de Regantes Aldeire-La Calahorra (Granada) para la modernización y mejora de regadíos por 4.359.841,26 euros.
La actuación afecta a 1.000,99 hectáreas de la superficie de riego del Sindicato de Aldeire, que cuenta actualmente con tres balsas de almacenamiento desde la que se distribuye el agua de riego.
Las obras proyectadas consisten en la construcción de tres balsas, la rehabilitación de una de las ya existentes, la instalación de un depósito de almacenamiento, la instalación de dos bombeos solares fotovoltaicos, la ejecución de cuatro estaciones de filtrado, dos desarenadores y un desbaste y la entubación de la red de riego, pasando de acequias al descubierto a tuberías enterradas en zanja. El plazo de ejecución previsto es de 18 meses, desde la fecha de adjudicación de las obras.
El proyecto permitirá crear una red de riego eficiente en el uso del agua, la implantación de sistemas eficientes de aplicación de agua en plantaciones, así como el incremento de la capacidad de almacenamiento. La restauración de los sistemas de almacenamiento actuales y la creación de nuevos permiten el incremento de la capacidad y asegura la garantía de riego en épocas de escasez de lluvias.
La Comunidad de Regantes Aldeire está integrada por 495 comuneros, 18 entidades jurídicas, 187 mujeres y 290 hombres de la comarca de Guadix. El cultivo predominante es el almendro, seguido de la cebada, si bien se cultivan otros cereales de invierno, frutales, alfalfa, maíz, olivar y vid.
La modernización del sistema de gestión, la incorporación de sistemas de autoproducción y el reemplazo de un sistema de baja eficiencia energética (generador diésel) por un sistema de energía eléctrica mediante módulos fotovoltaicos, son otros de los beneficios que se obtendrán.
El importe de la ayuda aprobada se abonará en dos anualidades de 2.179.921,26 euros en 2019 y 2.179.920 euros en 2020, sobre un presupuesto de inversión total de 6.256.406,77 euros, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
El Consejo incluye en el catálogo de montes de utilidad pública la zona de Los Puntales, en Obejo (Córdoba)
Formada por quercíneas, coníferas y matorral, alberga áreas de nidificación de águila imperial y perdicera y es territorio de lince ibérico.
El Consejo de Gobierno ha acordado la declaración de utilidad pública del monte Los Puntales, ubicado en el término municipal de Obejo (Córdoba), así como su inclusión en el Catálogo de montes de utilidad pública de la provincia.
La zona, que goza de las características medioambientales exigidas por la normativa en vigor, alberga áreas de nidificación de las especies águila imperial y águila perdicera, y es territorio de lince ibérico, todas ellas incluidas en el Catálogo andaluz de especies amenazadas.
Además, este monte está formado principalmente por una masa de quercíneas, coníferas y matorral con densidad variable, según zona y orientación. En algunas de ellas se encuentra abundante pastizal con arbolado disperso. En cuanto al matorral, se trata de formaciones de matorral noble mediterráneo con especies como lentisco, coscoja o jara, que en muchos casos aparecen junto a pies dispersos de quercíneas.
Se trata de la tercera declaración adoptada en la provincia de Córdoba por acuerdo del Consejo de Gobierno. Previamente, en octubre de 2017, se hizo lo propio con el monte ‘Madroñera-Adelfilla’, sito en los términos municipales de Espiel y Hornachuelos; y el monte ‘Caballeras’, ubicado en el término municipal de Espiel, de la provincia cordobesa. Además, por Orden de 2016, la zona de ‘Campos Verdes’ figura en la relación de montes de utilidad pública.
El Consejo de Gobierno nombra a Mercedes Sánchez Vico directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)
También se ha designado a los responsables del Instituto Andaluz de Administración Pública y la Agencia Sanitaria Costa del Sol.
El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el nombramiento de Mercedes Sánchez Vico como directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), de Juan Carlos González González como director del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), y de Luisa Lorenzo Nogueiras como directora gerente de la Agencia Sanitaria Costa del Sol.
Mercedes Sánchez Vico. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer
Nacida en Jaén en 1965, es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, especialista en Lectura de la Imagen y su Aplicación Tecnológica y Didáctica en el Aula por la UNED y experta en Igualdad y Género.
Funcionaria de carrera desde 1991, ha sido jefa del Departamento de Lengua y Literatura; responsable del Plan de Igualdad y del Programa Escuela Espacio de Paz; y creadora, coordinadora y profesora del Proyecto Coeducativo “Igualdad de Género a través de la imagen” del IES Eduardo Janeiro (Fuengirola). Asimismo, ha coordinado el Plan de Igualdad para el profesorado de zona del CEP Marbella-Coín.
Por otra parte, Mercedes Sánchez ha sido directora, guionista y productora del documental Las educadoras y de diferentes cortometrajes sobre coeducación. Asimismo, ha coordinado y ha sido ponente de numerosos talleres y cursos coeducativos; y ha creado y organizado múltiples exposiciones y concursos relacionados con la temática de una educación basada en valores de igualdad en centros públicos y privados, en universidades y centros de profesorado. En este sentido, ha colaborado con la Consejería de Educación, el IAM, ayuntamientos y centros de la mujer, así como con la Confederación de Asociaciones Andaluzas de Madres y Padres por la Educación Pública.
Ha recibido distintos galardones, entre otros el Primer Premio de la X edición de los Premios Rosa Regás 2016.
Juan Carlos González González. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, cuenta con un curso superior en Dirección Pública Local y otro de especialista en Comunicación Pública, ambos impartidos en el Instituto Nacional de Administración Pública; un tercero centrado en la Reforma, Modernización y Gestión del Cambio en las Administraciones Públicas, del Institute for International Research; y un cuarto en Técnicas de Dirección Eficaz, organizado por el Ayuntamiento de Logroño.
Su trayectoria profesional incluye más de 27 años de experiencia en el ámbito de la función pública española e internacional, de los que más de dos décadas ha estado a cargo del diseño e implementación de procesos de reforma y modernización, así como de la implantación de sistemas de calidad en los servicios públicos a nivel local, regional y nacional. Posee por ello amplia experiencia en la gestión de equipos multidisciplinares.
Hasta el momento de su nombramiento por el Ejecutivo autonómico era el experto principal del Proyecto de Reforma de la Administración Pública y Calidad de los servicios en República Dominicana.
Luisa Lorenzo Nogueiras. Directora gerente de la Agencia Sanitaria Costa del Sol
Licenciada en Medicina y Cirugía General, actualmente es la responsable de Gestión Asistencial en el Hospital Costa del Sol. Nació en Verín (Orense) en 1958. Es licenciada en Medicina y Cirugía General, experta en Medicina de Urgencias y diplomada en Alta Dirección con una amplia experiencia en dirección y gestión de servicios y proyectos sanitarios.
Desde 2013 y hasta la actualidad, Lorenzo ha sido responsable de Gestión Asistencial. La mayor parte de su trayectoria profesional ha estado vinculada al Hospital Costa del Sol, donde ha asumido diferentes puestos. Ha desempeñado también cargos de responsabilidad en el Servicio Gallego de Salud y en la Escuela Andaluza de Salud Pública.