En varias declaraciones a medios y en la reunión de la Comisión de Equidad y Servicios Sociales del Ayuntamiento, que tuvo lugar el pasado martes 19, Marta Higueras, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y concejala de Ahora Madrid, alegaba al respecto que “el paso de una subvención nominativa a un contrato de servicios es una cuestión de legalidad”. Además, animaba al Colegio a presentarse en la licitación aclarando que la organización puede optar como candidata como cualquier otra empresa.
Sin embargo, el ordenamiento jurídico español no permite que los Colegios Profesionales concurran a una licitación pues no son empresas de conformidad con lo establecido en la ley. COPOMA aclara que son una Corporación de Derecho Público cuyos fines esenciales son la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los consumidores y usuarios de los servicios. Todo ello sin perjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón de la relación funcionarial. En este sentido, las funciones que la Ley encomienda a dichos Colegios Profesionales no comprenden el desarrollo de actividades económicas, sino aquellas orientadas al cumplimiento de sus fines, por tanto no pueden formar parte de dicho concurso.
Tal y como indica la Ley 19/1997, la Comunidad de Madrid tiene la posibilidad de suscribir con los Colegios Profesionales convenios de colaboración para la realización de actividades de interés común, y para la promoción de actuaciones orientadas a la defensa del interés público, en especial, el de los usuarios de los servicios profesionales de los colegiados. Por ello, la Comunidad podría continuar delegando a COPOMA la prestación de este servicio bajo el amparo de la ley.
Sin embargo, tras el ofrecimiento del COPOMA al Ayuntamiento de Madrid para colaborar en la elaboración de los pliegos de contratación para la protección de la salud y de la calidad de vida de las personas mayores, la respuesta de la Corporación Municipal ha sido de exclusión de su participación.
A día de hoy, los 96 profesionales de la Podología que trabajan en los 82 centros de mayores que ofrecen este servicio siguen en vilo, sin saber si se mantendrán en este puesto el próximo mes. Este servicio, que lleva prestándose desde hace más de 20 años en condiciones de profesionalidad, calidad, dedicación, medios y atención humana se encuentra por tanto ahora en incertidumbre.
De este modo, desde COPOMA insisten que entre sus fines principales está la protección de los consumidores y usuarios. Por lo que, su pretensión seguirá siendo, por un lado, mantener al ciudadano informado del estado de este servicio básico y por otra parte, velar por su derecho al acceso directo de asistencia profesional.