El país asiático afronta niveles de deuda pública cercanos al 225% del PIB y desafíos demográficos que ya están afectando su competitividad internacional. id:44376
La complejidad del entorno global y el desvanecimiento de los estímulos fiscales han devuelto el crecimiento de Japón a niveles inferiores al 1% en 2018. De acuerdo con el informe difundido por
Crédito y Caución, las previsiones para 2019 y 2020 mantienen la evolución de esta economía asiática por debajo de ese umbral.
La desaceleración de las exportaciones debido a la caída de la demanda china y el mayor riesgo de proteccionismo, será compensada por la demanda interna, en un contexto de reducción del desempleo y aumento de los salarios. Está previsto un aumento de los impuestos al consumo en octubre de 2019 que impactará probablemente en el gasto de los hogares. La inversión empresarial continúa aumentando, impulsada el I + D y los Juegos Olímpicos de 2020 que se celebrarán en Tokio. Con una inflación esperada muy por debajo del objetivo del 2%, se espera que el Banco de Japón no introduzca cambios en la política monetaria, con tasas de interés negativas.
Tras un largo período de flexibilidad fiscal, Japón afronta niveles de deuda pública cercanos al 225% del PIB. Alrededor del 90% está en manos de acreedores nacionales, una base de financiación menos susceptible a la fuga de capitales, pero mantener un nivel de deuda tan alto es costoso y su incremento podría llegar a ser insostenible.
Además de la alta deuda pública, el país enfrenta desafíos demográficos: la población se reduce y envejece, lo que genera una base impositiva cada vez más reducida, un aumento de los gastos por pensiones, escasez de mano de obra en algunos sectores y costes laborales más altos que ya están afectando la competitividad internacional.
Para lograr un repunte sostenible e impulsar el desempeño económico a largo plazo del país, Japón necesita con urgencia flexibilizar su mercado laboral, poner fin a la protección de los agricultores, los médicos y las compañías farmacéuticas, e introducir una mayor desregulación comercial. La Administración ha anunciado repetidamente su intención de abordar estas cuestiones, pero aún está por ver si se acometerán estas profundas reformas estructurales.