El Blockchain es una tecnología descentralizada y segura en la que todos los movimientos deben ser consensuados por los componentes, o nudos, de una red bajo unas normas previamente determinadas por todos los miembros. Esta tecnología poco a poco se va implantando en todos los ámbitos sin embargo, según muestra el informe de EAE, a nivel de gobierno todavía no está suficientemente avanzado.
El sector Financiero y Bancario lidera en 2018 la difusión de Blockchain, especialmente como consecuencia del intenso desarrollo de los modelos de negocio sostenidos sobre criptomonedas; de hecho este sector ocupa el 60,5% a nivel mundial. Por detrás y a gran distancia se encuentra la Logística, que supone un 32,2%; un ámbito de la economía en el que el futuro de Blockchain es tremendamente prometedor. Sin embargo, el Sector Público sólo representó en 2018 un 4,2% de valor anual. Ello demuestra la tímida presencia del Blockchain a nivel institucional. De hecho, se está asimilando el potencial de Blockchain para e-Government y se están lanzando ‘casos de prueba’ o ‘pruebas de concepto’, pero el desarrollo completo con la consiguiente transformación del modelo de gobierno, todavía no se está dando.
Los dos fenómenos, la globalización y la revolución tecnológica, promueven la continua creación y evolución de redes o plataformas cuya propiedad y control determinan una influencia clave sobre la Sociedad Civil; “la Administración Pública, en representación del interés social general, debe liderar la gestión y el control de una tecnología que le permita evolucionar a todos los niveles”, afirma el informe. Para ello, el Gobierno tiene que convertirse en un proveedor de Blockchain compartido por distintos niveles de la Administración Pública que facilite muy diversas aplicaciones de dicha tecnología de forma segura y confiable, de acuerdo a la Legislación vigente. Blockchain podría cambiar las relaciones de poder en el ámbito público y la vigilancia sobre la información, impactando así en el papel tradicional de intermediación de la Administración Pública.
Según el informe, la utilización de Blockchain en el ámbito público haría los procesos más transparentes al democratizar el acceso a los datos de la red; aumentaría la confianza gracias a la seguridad del sistema, capaz de prevenir el fraude y la corrupción; habría mayor capacidad predictiva y de investigación; reduciría costes al eliminar intermediarios y el sistema estaría menos expuesto al error humano puesto que todo estaría automatizado.
Además, según afirma el informe de EAE, puede establecerse una correlación aproximada entre países con un alto EGDI y una elevada ratio de participación pública electrónica. De hecho Dinamarca es quien encabeza ambos rankings. El motivo es que la tecnología Blockchain permite desarrollar sistemas más complejos y sofisticados de deliberación online.
Los países y el e-government
El Índice de Desarrollo de e-Government (EGDI) arroja una media de implantación del 0,55 a nivel mundial. Los países de Europa se encuentran en esa cifra, por debajo de América (0,59) y Asia (0,58). Dinamarca, con un índice de 0,92, seguida por Australia y Coreason los países con mayor implantación. España se encuentra en el puesto decimoséptimo con un índice del 0,84.En 2018 existían 202 proyectos de Blockchain para e-Government en los 45 países miembros de la OCDE, encabezados por Estados Unidos con 19 iniciativas. Es destacable que China solo cuente con 4. Y España, por su parte, no cuenta con ninguna; el Gobierno de Españaparece formar parte de una Europa mediterránea que, exceptuando Francia, es poco proclive a la adopción de Blockchain, ni siquiera en fase de exploración o investigación, en la Administración Pública.
El informe afirma que la esta tecnología está en su infancia en términos de exploración del sector público y aplicaciones, pero su potencial es de tal magnitud que se abre por delante un amplio abanico de oportunidades de estudio, análisis e implementación en conexión con el e-governement. En el futuro, con la irrupción de la tecnología Blockchain, las autoridades centrales podrían volverse cada vez más irrelevantes o su función original podría cambiar hacia la de ‘proveedor’ o ‘facilitador’ de una plataforma y ‘promotor’ de un gobierno descentralizado de los servicios públicos, en lugar de estar en el centro de cada transacción. Y concluye que es imperativo que el Servicio Público aumente su conocimiento en esta área y considere sus posibles aplicaciones y cómo puede afectar a su papel. Para ello el gobierno deberá identificar y cooperar con socios de diferentes áreas, con otros países y con diversos sectores. Porque apostar por Blockchain no es solo una cuestión tecnológica, es una decisión que muy probablemente implique transformar los modelos y procesos de gestión pública y reformular el conjunto de actores intervinientes en dichos procesos y sus respectivas funciones.