AMETIC ya se posicionó en contra del impuesto sobre determinados servicios digitales (IDSD) planteado por el Gobierno de España a finales del año pasado. Advirtió entonces de que se trataba de una decisión unilateral que podía afectar muy negativamente a la economía española, insistiendo en que cualquier medida de ese tipo debía concebirse dentro del marco global de la OCDE y regular a todos los países por igual para evitar la fragmentación del sistema impositivo global y la creación de ineficiencias. Por ese motivo, celebra el acuerdo alcanzado en el marco del organismo internacional.
La patronal sostiene que una nueva fiscalidad digital propuesta de forma unilateral y sin consenso entre los países más desarrollados afecta al principio de seguridad jurídica, altera de forma negativa la legitimidad de un sistema tributario internacional caracterizado por su coordinación transfronteriza, y tendrá un impacto local y negativo en la inversión, la digitalización, la conectividad y en empresas y consumidores que acceden a los servicios digitales. Adicionalmente, recuerda que este tipo de impuestos terminan siendo repercutidos en las empresas usuarias de los servicios digitales y en el consumidor final.
De la propuesta de la OCDE, la patronal destaca el rechazo y temor que el organismo internacional manifiesta ante el creciente número de “impuestos digitales” que están surgiendo en numerosos países. A tal efecto, la OCDE advierte que no conviene aislar la actividad de las empresas que operan en el entorno digital, sino que debe tenerse en cuenta el impacto de cualquier medida que se tome en materia de tributación sobre el conjunto de la economía.
Con el visto bueno de los ministros de Finanzas del G20 se fortalece el poder de la OCDE en encontrar un acuerdo internacional y el impulso político al ambicioso calendario de trabajo. Así, el grupo de trabajo de la OCDE, el denominado Marco Inclusivo, doblará sus esfuerzos para continuar en la senda prevista, con el objetivo de tener un acuerdo final para el 2020.