Clara Martínez muestra su satisfacción por la próxima aprobación del texto tras meses de parálisis política. “Laviolencia contra la infancia puede ser causante de deterioro en el desarrollo psicológico y emocional, causante a su vez de dificultades sociales y cognitivas y con repercusiones irreparables en la vida de las personas”, asegura Martínez, y finalmente, con“consecuencias económicas para la sociedad”. En este sentido, la Cátedra también realizó el informe, “Los costes de la violencia contra la infancia: Impacto económico y social”, en el que se advierte que la violencia –física, emocional, sexual o por descuido y trato negligente– afecta de manera decisiva a la vida de los niños y niñas y por tanto “pone en riesgo el desarrollo del capital humano y social”.
En el informe, elaborado por los investigadores de la cátedra María Eugenia Fabra, Raquel Redondo, Adam Dubin, Clara Martínez y Kepa Paul Larrañaga, y editado por EDUCO y la Universidad Pontificia Comillas, se desglosa las consecuencias de este tipo de violencia y sus costes asociados, según afecta a la salud física, psicológica, en el comportamiento - con impacto en el rendimiento y abandono escolar, el abuso de sustancias, embarazos no deseados, ETS, o posible delincuencia juvenil- o consecuencias sociales como el desarraigo, o comportamiento antisocial.
Todas estas situaciones, desencadenan una serie de costes e incremento del gasto público por gastos sanitarios, educativos y sociales para tratar de paliar y ayudar a las víctimas infantiles de violencia.
Como ejemplo, y teniendo en cuenta la insuficiencia de datos que aseguran haberse encontrado los expertos y la gran magnitud de casos no denunciados, el informe hace un análisis exhaustivo y traduce 3.919 casos denunciados de violencia sólo de tipo sexual, registrados en 2015, - de los más de 97.000 estimados totales -, en un coste de 979 millones de euros, incluyendo los costes sanitarios, educativos, judiciales y de servicios o prestaciones sociales que posteriormente necesitan los menores.
Esto, teniendo en cuenta que “solo es el coste de la violencia sexual, no de toda la violencia contra la infancia; solo es el coste de lo que tenemos datos, no tenemos datos sobre algunas de las consecuencias y solo es el coste de lo que es medible”, explican en la investigación.
El informe urge a todas las administraciones competentes a realizar un mayor esfuerzo para obtener más datos, desglosados y comparables y explica que “la falta decoordinación y armonización de criterios entre los actores implicados en la protección dela infancia, supone una dificultad para conocer con exactitud la repercusión de la violencia contra niñas, niños y adolescentes”.