La falta de una cultura clara de credit management afecta todavía al 30% del tejido empresarial. El empeoramiento de los plazos de pago en el B2B y del comportamiento en pagos de la Administración competan las alertas de la edición 2016 del Estudio.
La mejora que había experimentado la morosidad en la actividad económica se ha estancado claramente en el último ejercicio, lejos aún de los niveles previos a la crisis. Una de cada tres empresas españolas sufre impagos significativos lo que complica claramente el entorno de desarrollo empresarial. El máximo histórico en este estudio se alcanzó en 2012, cuando dos de cada tres empresas sufría impagos relevantes para su actividad.
Uno de los datos más relevantes del estudio se refiere a las consecuencias de la morosidad, que afecta a la actividad empresarial de tres de cada cuatro empresas. El más grave se refiere al 13% del tejido empresarial, que está en riesgo de cierre debido al efecto de los incumplimientos de pago.
El comportamiento en pagos de la Administración con las empresas registra un empeoramiento por primera vez desde que se realiza el estudio. El 13% de las empresas que trabajan para el sector público (frente al 9% de 2015) soporta tasas de impago que suponen un riesgo extremo para su supervivencia. En el B2B, el 10% de las empresas soporta tasas de impago superiores al 4%.
El Estudio, elaborado por Crédito y Caución e Iberinform con el soporte académico del IE Business School, registra por primera vez desde 2012 un empeoramiento en el comportamiento de los plazos de pago. Sólo el 43% de las empresas trabaja con plazos inferiores a los 60 días que trató de impulsar la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad. El porcentaje de empresas que trabaja por encima de los 90 días se ha reducido al 13%.
El 83% de las empresas han tenido que aceptar plazos superiores a los deseados. El porcentaje más alto se refiere al 57% de las empresas que tienen relaciones B2B con grandes empresas, seguido del 50% que tienen relación con el sector público. La capacidad de las pymes para imponer plazos de pago afecta al 38% de sus proveedores.
Los problemas de liquidez continúan siendo el principal motivo que explica la morosidad empresarial. La falta de disponibilidad de fondos es la razón más mencionada para explicar el retraso en pagos de clientes (62% de las empresas), por delante de los retrasos intencionados (47%). Dicho de otro modo: la incapacidad de pago pesa más que la falta de voluntad.
El estudio refleja una mejora de en el acceso a la financiación bancaria. Un amplio 46% de las empresas ha percibido una mejora frente a un reducido 4% que tiene la opinión contraria. No obstante, un significativo 22% de las empresas, una de cada cuatro, continúa considerando insuficientes los niveles actuales de oferta de liquidez financiera.
Una de las conclusiones más robustas se refiere a las carencias en la gestión de clientes entre las empresas españolas: una de cada tres gestiona de forma deficiente su riesgo de crédito ya que no utiliza criterios de solvencia en el análisis de su cartera. Quizás, lo más preocupante en términos de protección del tejido empresarial frente a los efectos de la morosidad, es que este indicador mantiene una sorprendente estabilidad que no ha mejorado ni siquiera en los peores años de la crisis.
El estudio aborda las metodologías de gestión del recobro utilizadas por las empresas y pone cifras a un hecho conocido entre los profesionales de la gestión del riesgo de crédito: el porcentaje de uso de recobro a través de personajes disfrazados para provocar la notoriedad social del moroso no alcanza el 1%. El uso de proveedores que se limitan al recobro telefónico también es muy reducido. La efectividad del recobro B2B se concentra en proveedores integrales que además de esa fase amistosa, cubren la posible fase procesal.
El estudio refleja una flexibilidad de los plazos de cobro, como parte de la relación comercial. El 79% de las empresas, un porcentaje muy estable a lo largo del estudio, permite a sus clientes retrasos en pagos antes de considerar un crédito moroso e iniciar acciones de recobro.