Bajo el lema Las finanzas sostenibles ante los desafíos medioambientales, este primer Foro sobre SOSTENIBILIDAD Y FINANZAS ha contado con la participación de Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE); Pascual Fernández, vicepresidente del Consejo General de Economistas de España (CGE); Jaime Querol, presidente del Grupo de Trabajo de Economistas de Empresa-CGE; Enrique Castelló, director del Foro; José Manuel Marqués, jefe de la División de Innovación Financiera del Banco de España; Pedro González, director de Regulación de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc); Mercedes Ballesteros, responsable de la División de Energías Renovables del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT); Ángel Pes, presidente de la Red Española del Pacto Mundial; Francisco Javier Garayoa, director general del Foro de Inversión Sostenible de España (Spainsif); José Carlos García de Quevedo, presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO); Carlos Trías, consejero del Comité Económico y Social Europeo, y Antonio Ballabriga, director global de Negocio Responsable del BBVA.
La conferencia de clausura ha corrido a cargo de Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa en funciones.
Valvanera Ulargui, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica, ha impartido la conferencia inaugural.
En la apertura del encuentro, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha señalado que “para movilizar los recursos necesarios para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, resulta imprescindible la concurrencia de los poderes públicos y de la iniciativa privada, por lo que sería razonable explorar la posibilidad de establecer incentivos para quienes inviertan en productos financieros sostenibles”. Según Pich, “la transición ecológica puede suponer una gran oportunidad para nuestra economía, siempre que esta se gestione adecuadamente y se haga un seguimiento de los resultados que se vayan obteniendo”. Para el presidente de los economistas, “las inversiones han de buscar retornos de tres tipos: sociales, medioambientales y económicos, y no primar solo a uno de ellos, obviando al resto”.
Tras su intervención, han tenido lugar dos mesas redondas en las que se ha intentado dar respuesta a tres cuestiones clave: ¿Cuál será el impacto económico que tendrá en la economía española la transición energética?, ¿cuáles son los principales retos para movilizar fondos en finanzas sostenibles?, ¿qué recomendaciones se deberían tener en cuenta para avanzar en España en la hoja de ruta establecida por la Comisión Europea en su Plan de Acción para la financiación del crecimiento sostenible?
¿CUÁL SERÁ EL IMPACTO ECONÓMICO QUE TENDRÁ EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA?
A este respecto, para José Manuel Marqués, jefe de la División de Innovación Financiera del Banco de España, “cuantificar los efectos del riesgo de cambio climático para las entidades financieras es una prioridad para el Banco de España en su función como supervisor. Hacer una evaluación global del impacto para el conjunto de la economía es algo todavía mucho más complejo”. Según Marqués, “para realizar ese cálculo, es necesario contar con información suficientemente detallada y granular sobre la exposición y estrategias de las empresas en relación al cambioclimático, así como con la estrategia y ritmo de avance en las políticas públicas necesarias”. José Manual Marqués ha recalcado que “es importante tener en cuenta que estas pueden incidir no sólo provocando costes de transición que hay que modular adecuadamente sino también importantes oportunidades para determinadas iniciativas que pueden crear ganancias con valor añadido”.
Por su parte, Pedro González, director de Regulación de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), ha explicado que “los impactos que maneja el MITECO en relación al PNIEC estiman un efecto positivo sobre el PIB del 1,8% en 2030 como resultado del plan de inversiones previsto”. Esta inversión –ha destacado González–será en un 80% de carácter privado, con un crecimiento en el empleo entre 235-348 mil empleos en 2030”. Por tanto, para el representante de aelēc, “el efecto neto esperado del plan es positivo en términos económicos y pone de relevancia el nivel de ambición de este plan sobre el conjunto de la economía, con un especial impacto en la actividad de redes de electricidad, estimando inversiones por un total de unos 57.000 millones de euros en redes eléctricas y electrificación, y unos 92.000 millones adicionales en renovables”.
En este mismo sentido se ha expresado Mercedes Ballesteros, responsable de la División de Energías Renovables del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), quien ha destacado que “la inversión total que va a movilizar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, 2021-2030, se estima en 236.000 millones de euros a lo largo de esa década”. Ballesteros ha señalado que “según el estudio de evaluación de impacto, el PIB (respecto al escenario sin Plan) aumentaría entre 19.300 y 25.100 millones de euros al año a lo largo de la década; y el impacto sobre el empleo (respecto al escenario sin Plan) sería de 250.000-364.000 empleos netos (empleo anual constante), lo que representa un aumento del 1,7% en 2030”.
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS PARA MOVILIZAR FONDOS EN FINANZAS SOSTENIBLES?
Para Francisco Javier Garayoa, director general del Foro de Inversión Sostenible de España (Spainsif) hay que diferenciar los retos desde el enfoque del inversor institucional y del inversor retail. Según Garayoa “en el caso del inversor institucional ASG, en España tenemos un reto relacionado con la mejora en la calidad de la ISR, que afecta especialmente a los operadores nacionales, y los volúmenes y cuota de mercado de la ISR, donde la aportación de los operadores internacionales será muy relevante. Estos puntos de mejora se pueden alcanzar con diversas iniciativas y actuaciones; una dotación suficiente en los equipos de gestión y análisis, las aportaciones de los proveedores de servicios ASG, y, sobre todo, el marco regulatorio que propicie el desarrollo de productos financieros sostenibles, donde entraría el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea”. En el caso del inversor/ahorrador retail, para Garayoa, “las barreras son más complejas, en tanto que se ven influidos por aspectos que requieren plazos más largos, como la educación y cultura financiera, que afectan a la demanda de productos ASG. Para avanzar en este punto se hace necesario un impulso de la educación financiera en España y, concretamente, los atributos de sostenibilidad que se relacionan con los productos. La buena noticia es que la demanda retail está despegando, como se aprecia de las cifras aportadas en el estudio de Spainsif del 2019, alcanzando el 15% del total. La aportación del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea será fundamental para la consolidación del mercado ISR retail en España”.
Por su parte, José Carlos García de Quevedo, presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), ha destacado que la institución que preside “está muy comprometida con la sostenibilidad, como eje vertebrador y transversal en todas sus facetas, tanto en sus operaciones de activo como de pasivo”. En el ámbito nacional –ha señalado García de Quevedo–, “el importe de proyectos sostenibles formalizados por el ICO desde 2002 asciende a más de 2.000 millones de euros dedicados a generación de energías renovables con fuentes eólica y fotovoltaica, solar o tratamiento de residuos; y en el ámbito internacional tenemos una cartera viva de 1.450 millones de los que 441 millones corresponden a proyectos de energías renovables”. Por el lado del pasivo, “el ICO está teniendo un papel muy relevante en la construcción del mercado de bonos sostenibles en España” –ha destacado el presidente del ICO–. Así, a lo largo de los últimos 5 años, el ICO ha realizado un total de 7 emisiones de bonos sostenibles por valor de 3.550 millones de euros, de los que más de un 42% se han realizado en los últimos 12 meses. Por último, el presidente del ICO ha anunciado que, recientemente, el ICO ha sido nombrado nuevo miembro del Consejo Asesor para los Principios de bonos sociales y verdes de ICMA (Asociación Internacional de Mercados de Capitales).
Según Carlos Trías, consejero del Comité Económico y Social Europeo, “la oferta de productos financieros socialmente responsables, mayoritariamente, se ha venido concentrando en los fondos de pensiones de empleo. La oferta para el segmento “retail” todavía es muy escasa, y suelen ser productos ilíquidos, en mercados no negociados, y con retorno a largo plazo”. Eso –según Trías– “es un hándicap para llegar al gran público europeo, lo que se suma a la dificultad de traspasar las barreras transfronterizas”. “En la apuesta europea por completar la Unión de Mercado de Capitales, España podría ser pionera, otorgando el respaldo público (expresado en incentivos fiscales o en algún tipo de garantía) a un formato estandarizado de plan individual de pensiones ligado a los objetivos de inversión en infraestructuras verdes en nuestro país”, ha afirmado Carlos Trías.
¿QUÉ RECOMENDACIONES SE DEBERÍAN TENER EN CUENTA PARA AVANZAR EN ESPAÑA EN LA HOJA DE RUTA ESTABLECIDA POR LA COMISIÓN EUROPEA EN SU PLAN DE ACCIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DEL CRECIMIENTO SOSTENIBLE?
Para Francisco Javier Garayoa, director general del Foro de Inversión Sostenible de España (Spainsif), “la agenda europea en aspectos de sostenibilidad ha puesto el foco en la sostenibilidad medioambiental y en los productos financieros que den soporte a la transición, de un modelo energético basado en las energías fósiles y los altos niveles de emisiones de carbono, hacia un modelo de energías alternativas con bajos o nulos niveles de emisiones. De hecho, las iniciativas de la Comisión Europea, a través del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, se centran en los productos financieros verdes, siendo los bonos verdes su producto financiero estrella”.
Según Garayoa, “las recomendaciones adicionales a este enfoque medioambiental pasan por considerar los aspectos sociales y los de gobernanza, tanto los derivados del proceso de transición energética, “transición justa”, como los propios del impacto social y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 ODS, que tendrían que tener reflejo en la agenda europea y en sus iniciativas relacionadas con las finanzas sostenibles. Esto valdría igualmente para el caso de España”.
Sobre esta cuestión, el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo, ha señalado que el ICO está trabajando con sus homólogos europeos en diversas actuaciones, como la Iniciativa Conjunta de Economía Circular (JICE en inglés). Así–según García de Quevedo–, “cinco bancos nacionales de promoción (KFW, CDP, CDC, BGK, ICO) junto al BEI hemos puesto en marcha una iniciativa para promover el desarrollo y la ejecución de proyectos y programas de economía circular en la Unión Europea por valor de 10.000 millones de euros hasta 2023; y, de forma más reciente, el 20 de octubre en las Asambleas Anuales del BM/FMI se anunció junto a BEI, KFW y AFD la adhesión del ICO a la iniciativa CleanOceanIniciative, que tiene como objetivo la implantación efectiva de un modelo sostenible que ayude a mitigar los efectos del cambio climático y la lucha contra la polución en los océanos, mediante la financiación de proyectos que contribuyan a la gestión eficiente de los procesos de producción y reciclaje de residuos plásticos para preservar la salud de los océanos”. En cuanto a la agenda en España–según el presidente del ICO– “hay que seguir con el plan de acción del Gobierno de España para el cumplimiento de los ODS y la Agenda del Cambio”.
Por su parte, Carlos Trías, consejero del Comité Económico y Social Europeo, entiende que, para aterrizar el plan de Acción de la Comisión Europea, “es muy importante seguir avanzando a buen ritmo en la taxonomía de las actividades sostenibles, así como en la configuración de bonos verdes y “benchmarks” realmente fiables”. Según Trías, “las claves de bóveda se pueden resumir en: definiciones precisas, estandarización de productos, y revisión de las metodologías de cálculo de la huella de carbono; y para tal propósito, resulta imprescindible que los grupos de trabajo de Naciones Unidas se coordinen con el grupo de expertos de alto nivel sobre finanzas sostenibles impulsado por la Comisión Europea”. En definitiva –ha concluido Trías– “este viaje, marcado por el estado de emergencia climática, sólo será exitoso si logramos sin demora alinear los esfuerzos a nivel planetario”.
OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS
Durante el Foro, también han sido objeto de análisis otras cuestiones de interés. Así, José Manuel Marqués, jefe de la División de Innovación Financiera del Banco de España, también ha hecho alusión en su intervención a los llamados strandedassets o activos varados–aquellos activos que pueden desvalorizarse a corto o medio plazo como consecuencia de la transición hacia energías renovables–. Para Marqués, “estos activos suponen una materialización del riesgo de transición”. En este sentido, para Marqués, “las entidades bancarias deberían considerar el riesgo asociado a una incorrecta valoración de los mismos. No obstante, esto no es una tarea sencilla y requiere tanto mejorar la información granular sobre este tipo de activos como tener una mayor definición en el tipo de iniciativas que se van a llevar a cabo para gestionar la transición energética”. En cualquier caso–ha destacado Marqués–, “se trata de un riesgo relevante y de hecho se están trabajando estos aspectos dentro del análisis de riesgos que regularmente se realizan en el Banco de España y, en concreto, se prevé que en 2021 ya se realicen pruebas de resistencia sobre los riesgos de transición”.
En cuanto al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima a 2030, para Pedro González, director de Regulación de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), este “constituye el esfuerzo más ambicioso que se haya realizado nunca en este país en la lucha contra el cambio climático”. A juicio de González, “los objetivos planteados van mucho más allá de lo requerido por la Unión Europea en el horizonte 2030, y son los más ambiciosos de todos los Estados miembros. La estrategia pasa, por tanto, por alcanzar la neutralidad en emisiones en 2050 y la UE apuesta por liderar la acción por el clima”.
Según González, “el sector energético es responsable de aproximadamente el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero; por lo que se necesita una completa transformación hacia el sector energético que es capaz de incorporar renovables de manera masiva y a un precio asequible para el consumidor: el sector eléctrico”. “La electrificación de la economía es el camino hacia la descarbonización de nuestra sociedad –ha afirmado González– y para ello hará falta un notable esfuerzo inversor en tecnologías renovables y en redes eléctricas, al margen de avanzar decididamente en la electrificación de los segmentos de consumo energético: la industria, el transporte y la edificación”.
A la pregunta ¿a qué nos estamos refiriendo cuando se pide “neutralidad tecnológica” a las medidas que tome el Gobierno?, Mercedes Ballesteros, responsable de la División de Energías Renovables del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), ha respondido que “la neutralidad tecnológica supone que la legislación debe definir los objetivos a conseguir sin imponer ni discriminar el uso de cualquier tipo de tecnología para conseguir los objetivos fijados”. Lo que ocurre –según Ballesteros– es que, “cuando hablamos de transición energética, algunos sectores, normalmente los sectores que más contaminan, reclaman la neutralidad tecnológica invocando un trato por igual de la energía fósil y la energía limpia”. Para Ballesteros, “en una economía totalmente descarbonizada no cabe aplicar el concepto de neutralidad tecnológica entendida de esta manera, ya que no es lo mismo crecimiento con CO2 o sin él, con empleo precario o empleo de calidad, con alta demanda de energía o con alta eficiencia energética”.