El fuerte recorte de la potencia a subastar (-60%) para el servicio de interrumpibilidad en la temporada eléctrica que comienza el 1 de enero de 2020, publicado ya en el BOE, junto con la no aprobación del Estatuto de Consumidores Electrointensivos (pese a la indicación del RDL 20/2018 de medidas urgentes para la mejora de la competitividad de la industria electrointensiva de estar aprobado antes de junio pasado), genera una gran incertidumbre que perjudica a la competitividad de la industria básica y pone en riesgo la actividad de sus plantas.
Parece que la situación del Gobierno en funciones ha sido la razón para la no aprobación del RDL del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, pero el mismo Gobierno en funciones aprobó el 22 de noviembre un RDL fijando una rentabilidad razonable de las instalaciones renovables con el fin de eliminar la incertidumbre regulatoria de sus proyectos. Pues bien, eso es precisamente lo que requiere la industria electrointensiva, que se elimine la incertidumbre regulatoria para unas industrias que hacen sus deberes y están comprometidas con la descarbonización de la economía.
Mientras no se apruebe el Estatuto con medidas y dotación presupuestaria suficientes para paliar el diferencial de 20 a 25 euros por MWh más que pagan los electrointensivos españoles frente a sus competidores franceses y alemanes, es preciso que el Gobierno en funciones, o con todas las atribuciones, apruebe inmediatamente medidas que mejoren la competitividad de la industria básica para que recupere la certidumbre en un futuro viable y apuntale este pilar básico del estado del bienestar.
Las industrias tienen ya todo organizado para dar el servicio de interrumpibilidad en 2020 y los presupuestos de producción y venta cerrados, por lo que otra reducción en la retribución del servicio supondrá un enorme perjuicio y podría provocar el próximo año nuevas y serias tensiones en algunas plantas con los perniciosos efectos en sus comarcas.
AEGE sigue alertando de la urgente necesidad de lograr precios eléctricos similares a los de los principales competidores europeos, sin más demoras en conseguirlo. Deben aplicarse medidas que solucionen esta desventaja competitiva de la industria básica nacional. El Estatuto del Consumidor Electrointensivo debe proporcionar seguridad jurídica y certidumbre para garantizar la competitividad del suministro eléctrico a las plantas industriales beneficiarias.