Intervenciones que se recogen ahora en un volumen, La universidad desde la política, que edita Nueva Revista. “La obra busca detectar las grandes coincidencias sobre los asuntos de mayor alcance que la universidad necesita transformar desde el mayor consenso posible”, refleja Rafael Puyol, presidente de UNIR y prologuista de este trabajo.
Puyol hace también hincapié en la coincidencia generalizada en asuntos capitales que demandan cambios sustantivos y la necesidad de establecer un pacto para llevarlos a cabo. Entre ellos, se enmarcan los sistemas de selección del profesorado y la carrera docente, la racionalización de los títulos, la gobernanza, la financiación y rendición de cuentas, la internacionalización y la política de atracción del talento.
En ese sentido, la catedrática de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Alicante y diputada de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados por Alicante, Marta Martín, recalca que “nosotros siempre hemos querido hacer una gran reforma universitaria: una reforma de la Ley Orgánica de Universidades que incluyera una mejor rendición de cuentas del gobierno de la universidad, unos consejos de transparencia en las universidades y transparencia y selección por méritos y capacidad en el profesorado”.
También ha ahondado en la importancia de la financiación, para lo cual, “sería importante que todas las universidades cuenten con unidades de auditoría y de control de inversiones, gastos e ingresos”.
Jorge Sáinz, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y ex secretario general de Universidades con el Gobierno del PP, pone en el centro de la estrategia de reforma universitaria a los estudiantes, cuyo número supera los 1,5 millones. Para ello, menciona la Proposición No de Ley (PNL) de 2015 que establece aspectos como “el que no puede haber diferencias en el acceso en función de la renta, un sistema de becas que, como el actual, sea sostenible y garantice la equidad y cohesión social y una educación superior internacionalizada, vinculada a la sociedad y con un marco financiero suficiente y estable”.
El secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, analiza la situación de las 84 universidades -50 de ellas públicas- y de la plantilla “absolutamente envejecida” de PDI, compuesta por 123.000 docentes e investigadores. Con ellos en mente, detalla la propuesta de reforma del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para este personal “donde la vía preferente de consolidación es la del funcionario público”.
Además, defiende como ideas “fuerza” la autonomía de las universidades y que la oferta académica “crezca cualitativa y no cuantitativamente”. Por último, aboga por un consenso “suficientemente amplio” entre todos los actores implicados, desde la comunidad universitaria hasta las administraciones territoriales y las formaciones políticas.
La universidad cooperativa es el argumento de base de Javier Sánchez, licenciado en Filosofía, miembro de Unidas Podemos y secretario de la Mesa del Congreso. A su juicio, la situación actual se caracteriza por una “desigualdad creciente en el acceso, un modelo unidimensional y falto de medios que mantiene a un colectivo enorme de trabajadores con empleo precario, un profesorado desmotivado y las dificultades para una autonomía real de las universidades debida al control burocrático”.
Por ello, aboga por una universidad colaborativa como una “ecología compleja de saberes en donde las diferencias no siempre son diferencias en calidad medida en impacto internacional, sino en diversidad de capacidades”. Desde ese prisma, asegura, debe promoverse la investigación y políticas universitarias que mejoren la calidad usando indicadores nuevos que primen la colaboración, el trabajo por lo común y la educación integral.
Interesantes ideas y propuestas sobre las que Rafael Puyol realiza una última recomendación. “Quizá la recomendación a los responsables de esos presuntos cambios es que las propuestas que se hagan sean flexibles y estén definidas por la opcionalidad. No a todas las universidades pueden convenir las mismas cosas, ni en la misma dosis ni en el mismo tiempo. Las reformas no deben ser rígidas”, concluye.