Los valores de las empresas y entidades de Economía Social aportan a la sociedad 6.229 millones de euros anuales

Así se deprende de un Estudio presentado en Madrid por CEPES en el que se pretende verificar y cuantificar la contribución diferencial del modelo de empresa de Economía Social en el ámbito de la cohesión social y su impacto en el empleo y en la cohesión territorial.

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ha presentado el ‘Análisis del Impacto socioeconómico de los valores y principios de la Economía Social en España’, con el objetivo de visibilizar y cuantificar, con fuentes oficiales la contribución diferencial que, a través de un crecimiento económico más sostenible, el modelo de empresa de la Economía Social realiza al conjunto de la sociedad. Este comportamiento diferencial se plasma de manera evidente en la cohesión social y territorial.

El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, resalta que este estudio responde a tres preguntas, ¿muestran las empresas de economía social un comportamiento diferente al de las empresas mercantiles?, si es así, ¿cómo afectan esas diferencias a la sociedad?, y por último, ¿cómo medir esos efectos en unidades monetarias? Pedreño también destacó que el estudio, pionero internacionalmente, presenta una hipótesis de qué pasaría si las empresas de Economía Social pierden sus valores y principios, y pasan a comportarse como las empresas mercantiles, principalmente en tres aspectos: la contratación de ciertos colectivos con dificultades de acceso al empleo, las condiciones de trabajo de sus plantillas y la localización geográfica.

Este minucioso informe, cofinanciado por CEPES, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, por CAJAMAR, MONDRAGÓN y la FUNDACIÓN ESPRIU, muestra que la Economía Social aporta a la sociedad unos beneficios netos totales (directos e indirectos) cifrados en 6.229 millones de euros anuales, de los cuales, el 71,7% está vinculado a la ocupación de colectivos con dificultades de acceso al empleo y el 16,9% a la mayor estabilidad del empleo.

Por agentes, los principales beneficiarios son los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo, que reciben 3.930 millones de euros anuales en rentas salariales. En segundo lugar, están las Administraciones Públicas, con 1.770 millones de euros anuales de beneficios directos e indirectos (gastos no realizados) y, por último, las propias empresas, que obtienen un beneficio neto de unos 528 millones de euros anuales.

LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL TEJIDO PRODUCTIVO ESPAÑOL

El Estudio recoge en su capítulo II un desarrollo del tejido productivo español, donde se revela que 6 de cada 100 empresas y entidades del sector privado de la Economía Española pertenecen a la Economía Social.

En relación con el desarrollo de la Economía Social por Comunidades Autónomas, se destaca el alto desarrollo que tiene en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Andalucía o País Vasco. En cambio, todavía tiene niveles de empleo inferiores a los esperados, teniendo en cuenta su tamaño y el dinamismo económico, en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Canarias.

En cuanto a la presencia de la Economía Social en los sectores económicos, el estudio precisa que este modelo empresarial tiene un peso relevante en el sector de servicios sociales (41.2%), de actividades artísticas y recreativas (31.7%), de educación (24.3%), de agricultura (13%) y sector energético (10,1%).

La Economía Social contribuye a un crecimiento inclusivo y la reducción de las desigualdades

“El comportamiento de las empresas y entidades de la Economía Social es diferente a las empresas mercantiles, y se traduce en un crecimiento económico más inclusivo y en la reducción de las desigualdades. Además, son empresas con un fuerte compromiso con el territorio, lo cual provoca una importante contribución a la cohesión social y a la cohesión territorial”, ha precisado Pedreño.

Los efectos sobre la cohesión social se centran en cuatro áreas: ocupación de colectivos con dificultades de acceso al empleo, estabilidad en el empleo, igualdad de oportunidades, y oferta de servicios sociales y servicios de educación.

Los resultados obtenidos confirman la existencia de un comportamiento diferencial generador de valor social a través de:

Creación de empleo inclusivo. La Economía Social incorpora, en mucha mayor medida que la economía mercantil, colectivos de trabajadores con dificultades específicas de acceso al empleo como mujeres mayores de 45 años, personas mayores de 55 años, personas con discapacidad, personas en situación o riesgo de exclusión social y personas de baja cualificación.

Mayores niveles de estabilidad en el empleo.

Menor brecha salarial. Los niveles salariales son mucho más igualitarios. La menor dispersión salarial se debe sobre todo a una mayor contención en los salarios de la alta dirección y alta cualificación (salario superior al salario medio global en un 65%, mientras que en la economía mercantil esta diferencia es del 102,0%).

Mayores niveles de igualdad. Así lo muestran los mejores resultados obtenidos en distintas dimensiones de la misma como las brechas salariales de género, que son claramente menores; la diversidad en la dirección, con una mayor incorporación de mujeres y personas con discapacidad; o las posibilidades de conciliar mejor vida familiar y profesional.

Ampliación de la oferta privada de servicios sociales y de educación. La especialización productiva de la Economía Social en servicios ligados a la dependencia y a la atención de personas mayores y con discapacidad es significativa. La Economía Social representa el 43,5% del total de la oferta de estos servicios y aumenta hasta el 59,3% en servicios sociales sin alojamiento. En los servicios educativos tiene también una presencia relativamente alta (20,5% de la oferta de estos servicios).

LA ECONOMÍA SOCIAL TIENE UN PESO DECISIVO EN LA ESPAÑA RURAL

El análisis confirma la mayor presencia relativa de la Economía Social en las ciudades intermedias y zonas rurales, y su significativa contribución a la creación de tejido empresarial y empleo, a la competitividad de las economías locales y a la fijación de población en este ámbito:

La Economía Social se ubica mayoritariamente en municipios menores de 40.000 habitantes, (60,2% de las empresas y 54,6% de sus trabajadores). En las empresas mercantiles estos porcentajes se invierten y tanto ellas como sus trabajadores se localizan mayoritariamente en el ámbito urbano.

Tiene importantes efectos sobre la economía rural y una parte significativa de la misma está vinculada a ella.

a.- Creación de actividad y empleo: el 7% de las empresas y entidades rurales y el 5,2% del empleo rural pertenecen a la Economía Social.

b.- La contribución de la Economía Social a las ciudades intermedias y zonas rurales se canaliza también a través del emprendimiento. Si se consideran solo las empresas más jóvenes, el 47,4% de las empresas de Economía Social se ubica en las ciudades intermedias y zonas rurales y el 52,6% en grandes ciudades. En el caso de la economía mercantil, estos porcentajes son del 35,8% y del 64,2% respectivamente.

c.- La distribución sectorial de las empresas de economía social muestra también una mayor dispersión, favoreciendo así la diversificación de la economía rural.

d.- Mejora la competitividad de las economías rurales a través del desarrollo de determinadas ramas que permiten un mejor aprovechamiento de las potencialidades o acercan una oferta de servicios sociales y educativos que es vital para frenar la pérdida de población. Destaca el peso de la Economía Social en las ramas agroalimentarias (53,2% en la fabricación de aceites y grasa vegetales y animales, 28,9% en la fabricación de productos para la alimentación animal; 21,9% en la fabricación de bebidas y 13,6% en el procesado y conservación de frutas y hortalizas). También, en educación y en servicios a la dependencia.

e.- Combate la despoblación. La aportación a las zonas rurales se ve apoyada por otros aspectos que inciden de forma positiva en la decisión de mantener la residencia en estas zonas, como es el caso de la estabilidad del empleo, que también es mayor en las empresas de economía social.

IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

Con objeto de aproximar los principios y valores de la Economía Social el estudio contempla una hipótesis en la que las empresas de Economía Social pierden sus “principios” y pasan a comportarse como empresas mercantiles en temas como la contratación, la especialización o la localización geográfica.

El impacto de los principios de la Economía Social, lo que sucedería si ésta se comportase como la Economía Mercantil, sobre el empleo, se concreta en los siguientes puntos:

Empleo menos inclusivo. Más de 172.000 trabajadores pertenecientes a algún colectivo con dificultad de acceso a la ocupación perderían su empleo. De ellos, 86.266 serían personas con discapacidad, 60.000 trabajadores de baja cualificación, 21.201 mayores de 55 años, 3.436 personas en situación de exclusión social y 3.027 mujeres mayores de 45 años.

Menor estabilidad. Cerca de 125.000 trabajadores que han disfrutado de periodos continuos de empleo en la economía social de mercado pasarían a tener una o más experiencias de desempleo. De ellos, más de la mitad serían empleados por cuenta propia (socios de las empresas de Economía Social).

Se reduciría la diversidad en las empresas. Un número más reducido de trabajadores sería expulsado de los puestos de dirección y alta cualificación. Más de 1.600 trabajadores habitualmente infrarrepresentados en los puestos más altos de las empresas dejarían de ocupar estos puestos (cerca de 1.100 mujeres y 600 personas con discapacidad).

Menor conciliación de la vida laboral y personal. Al año, más de 2.600 trabajadores que actualmente disfrutan de periodos de excedencia para el cuidado de ascendientes o descendientes no optarían por estos periodos.

En el ámbito territorial, se perderían cerca de 55.000 en las zonas rurales y unas 141.000 personas podrían desplazarse a zonas urbanas.

PRESENTACIÓN DEL INFORME

En la presentación del informe estuvieron presentes la directora general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la RSE del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, María Antonia Pérez León; el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, y el equipo investigador de Abay Analistas, Maribel Martínez y Belén Castro.

Pérez León destacó “la importancia y la novedad de este informe que vuelve a situar a la Economía Social como referente mundial”. Además, añadió que “este análisis nos permite conocer datos estadísticos que ponen de manifiesto el importante impacto de este modelo empresarial, no solamente en el escenario socioeconómico español, sino también en la implantación de la Agenda 2030”.

Pedreño mostró “su satisfacción por los resultados de este estudio, que es una actualización del realizado en el 2011, y que supone una herramienta científica que avala las reivindicaciones institucionales de nuevas políticas públicas a favor de la Economía Social, basadas en la constatación empírica de sus aportaciones sociales y territoriales”.

METODOLOGÍA

El estudio realizado por Abay Analistas, emplea una metodología aplicada a la revisión y medición de los diferentes efectos que enmarca este estudio en el grupo de análisis de impacto con microdatos, contrafactuales y técnicas cuantitativas, unos de los más completos para la evaluación del impacto. Así, el método de medición de efectos y su cuantificación se apoya en amplias muestras tanto para la Economía Ssocial como para los distintos grupos de control que se establecen. En unas muestras iniciales de 694.014 trabajadores ocupados y 235.845 empresas empleadoras se han identificado 9.125 entidades de Economía Social (4.452 de economía social de mercado) y 28.042 trabajadores ocupados (13.688 en la economía social de mercado). A partir de estas submuestras se han elaborados grupos de control (con empresas y trabajadores de la economía mercantil) de tamaño similar. Los tamaños de estas submuestras aseguran la representatividad de las mismas y la solidez del análisis.

Los tipos de entidades que forman parte de la economía social son: cooperativas, mutualidades, fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos en la Ley 5/2011 de Economía Social.