El resultado de las subastas publicado ayer por Red Eléctrica de España, sitúa la retribución del servicio en 4,38 millones de euros para el primer semestre de 2020, una reducción de la retribución del 95% con respecto a la de 2019, lo que significa que el principal mecanismo que existía para reducir el diferencial de precio eléctrico con nuestros principales competidores europeos está en mínimos y por tanto su impacto en la competitividad de nuestra industria se hará notar a corto plazo, sin lugar a duda.
Las industrias tenían todo organizado para dar el servicio de interrumpibilidad en 2020 y los presupuestos de producción y venta cerrados, por lo que esta reducción en la retribución del servicio supondrá un enorme perjuicio y podría provocar el próximo año nuevas y serias tensiones en algunas plantas, paralizar inversiones, etc. con los perniciosos efectos en los territorios donde están implantadas.
En pocos años la seguridad de suministro del sistema eléctrico ha perdido 2.000 MW interrumpibles de los 3.000 MW que había en 2017, precisamente en 2020 un año en el que está previsto el cierre de la mitad de las centrales de carbón y cuando estarán en servicio unos 7.000 MW de renovables más, resultado de las últimas subastas. El éxito de la integración renovable para descarbonizar la economía depende en gran medida de que exista una mayor flexibilidad en el sistema, valor que aporta la gestión de la demanda industrial interrumpible. Con la reducción de la potencia interrumpible para el primer semestre de 2020, se ha introducido un obstáculo para facilitar la deseada integración de renovables y reducido al mínimo la herramienta de último recurso del que dispone el Operador del Sistema para garantizar el suministro en situaciones de emergencia.
Casi sin retribución del servicio de interrumpibilidad, sin Presupuestos Generales del Estado y sin Estatuto de Consumidores Electrointensivos, los nubarrones que vislumbrábamos a primeros de diciembre se han tornado en una tormenta perfecta que, si no se actúa con urgencia, puede causar un daño irreparable a la industria electrointensiva española.
En 2019, el precio del mercado eléctrico en España se ha reducido unos 9 €/MWh con respecto a 2018, debido principalmente al menor precio del gas natural en el segundo semestre, situación que también se ha trasladado a los mercados francés y alemán, que siguen presentando unos precios de 9 a 11 €/MWh más bajos que el de España. El otro componente del precio final (costes del sistema, cargos e impuestos) mantiene el diferencial de 10-15 €/MWh. Por tanto, la diferencia de precios finales con nuestros principales competidores europeos de 20-25 €/MWh se mantiene inalterable.
Las empresas electrointensivas asociadas en AEGE han realizado sus deberes, mejorado la eficiencia energética de sus procesos y sus consumos específicos, pero a corto plazo tiene un límite tecnológico. En la factura eléctrica junto con la energía consumida interviene el factor del precio eléctrico, que en nuestro caso sigue sin ser competitivo y amenazando la continuidad de nuestra industria.
AEGE sigue alertando de la urgente necesidad de lograr precios eléctricos similares a los de los principales competidores europeos. Deben aplicarse medidas que solucionen esta desventaja competitiva de la industria básica nacional. El Estatuto del Consumidor Electrointensivo, con medidas y dotación presupuestaria suficiente, debe proporcionar seguridad jurídica y certidumbre para garantizar la competitividad del suministro eléctrico a las plantas industriales beneficiarias.
Estamos convencidos de que el Gobierno está preocupado por la industria electrointensiva y su futuro. Por ese motivo, sin dejar de manifestar nuestra intranquilidad y malestar por la situación en la que estamos, queremos recordar nuestra necesidad de seguir colaborando con el Ejecutivo para encontrar en el corto plazo soluciones para mejorar la competitividad de nuestra industria.