Dado que esperamos que la economía se desacelere hasta alrededor del 1,7% este año desde el 2% en 2019, a menos que se tomen medidas compensatorias por el lado de los ingresos, es probable que el déficit se mantenga prácticamente sin cambios en los presupuestos de 2019 o ligeramente por debajo del mismo, en alrededor del 2,5% del PIB. Esta cifra es notablemente superior al déficit para 2020 comunicado en el proyecto de plan presupuestario del Gobierno, que se sitúa en torno al 1,7%, y no digamos ya al objetivo original de déficit del 1,1%, tal como se especifica en el Programa de Estabilidad de 2019.
Además, el Gobierno promete derogar algunos aspectos de las reformas del mercado laboral del Gobierno anterior. Observamos con preocupación el plan para volver a los acuerdos salariales con los sindicatos a nivel sectorial, en lugar de a nivel de empresa, y para llevar a cabo un nuevo aumento del salario mínimo hasta alrededor de 1.200 euros, que sería aproximadamente el 60% del salario medio mensual. Este aumento se produciría tras un incremento del 22% de 735 euros a 900 euros (pagados 14 veces al año) acordado sólo en enero de 2019.
Si se aplican estas medidas, es probable que se produzca una mayor rigidez del mercado laboral. A corto plazo, un salario mínimo más alto puede dar lugar a un impulso de la demanda interna, a través de un mayor consumo. Sin embargo, existe el riesgo de que, a medio plazo, estos importantes aumentos del salario mínimo no sean proporcionales a las ganancias de productividad de los trabajadores. Como resultado de este desajuste, en algún momento, las empresas, al enfrentarse a costes laborales más elevados, podrían dejar de contratar personal, sobre todo cuando la economía se desacelera. Dada la elevada tasa de desempleo estructural de España, que se sitúa en torno al 14%, vemos estas propuestas de política con preocupación.