Fidel Molina, líder de SOS Hostelería, y Santiago Moreno, abogado, en un momento de la presentación de la plataforma en Valencia.
La plataforma, formada por autónomos, empresarios del sector de la hostelería y del mundo del recreativo, denuncia que no existe diálogo ni negociación con los sectores afectados por esta ley, que se está tramitando de forma oscura y ocultando información. id:56088
SOS Hostelería se ha presentado en sociedad como una plataforma formada por empresarios del sector de la hostelería, propietarios de locales y autónomos, que nace con el objetivo de frenar la aplicación de la nueva Ley del Juego que se está tramitando en las Cortes Valencianas.
La plataforma, liderada por
Fidel Molina (presidente de MYR Hoteles y Grupo Comatel), denuncia que la ley pone en peligro el futuro del sector de la hostelería y del recreativo en la comunidad Valenciana y que no ha existido
ninguna voluntad de diálogo ni negociación con los sectores implicados tal y como también han puesto de relieve asociaciones como CEV, ANDEMAR, ANESAR, la Asociación de Casinos y FEHV.
Por este motivo, SOS Hostelería ha anunciado que pedirá una
reunión urgente con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, antes de que se celebre la Comisión de Economía en la que se tratará la nueva ley del juego, el próximo 10 de marzo. “Entendemos que un gobierno progresista que hace del diálogo su bandera no dejará de atender las peticiones y demandas de un sector tan importante para la economía valenciana como es la hostelería”, ha expresado Fidel Molina.
La eliminación de las máquinas de tipo B de los establecimientos puede suponer el
despido de 12.000 trabajadores de este sector en la Comunidad Valenciana (CV). “Actualmente un 60% de los 34.000 bares y restaurantes existentes en la CV disponen de este tipo de máquinas y muchos de ellos, alrededor de un 20%, subsisten gracias a los ingresos que facilitan estas máquinas”, explica Molina.
Desde la plataforma ponen de manifiesto que, con la prohibición que plantea la nueva ley, estos establecimientos se verán obligados a despedir al personal e incluso cerrar. Alertan, además, que esta destrucción de empleo afectará a los sectores más vulnerables de la sociedad: jóvenes, mujeres y mayores de 50 años.
Gracias a las máquinas de tipo B instaladas en bares y restaurantes, la Generalitat Valenciana recaudó en 2019 un total de
78 millones de euros, un 30% más que en 2018. “La eliminación de estas máquinas supone la pérdida de unos importantes ingresos que el Gobierno no podrá destinar a políticas sociales en el territorio”, ha asegurado el abogado Santiago Moreno, quien ha explicado a los medios las particularidades de la nueva propuesta de ley del juego.
La plataforma ha destacado también el impacto que supondrá esta ley para los municipios que se ubican en la parte interior de la Comunitat Valenciana, sobretodo en invierno. “El bar es el punto de encuentro de los vecinos para muchos pequeños y medianos municipios. De hecho muchos de estos establecimientos siguen abiertos más como servicio público que por la rentabilidad del negocio”, explican.
Estos bares cumplen una función social básica, sobre todo para aquellos habitantes que no disponen de vehículo propio para acercarse a núcleos mayores y pueden adquirir en un mismo establecimiento bebidas, bocadillos pero también tabaco, productos de limpieza y otro tipo de artículos. “Sin los ingresos de las máquinas de tipo B, estos locales están condenados a cerrar, fomentando así la
España vaciada de la que tanto habla el Gobierno”, expone Molina.
Trato discriminatorio al juego privado La nueva ley prohíbe las máquinas de tipo B en los bares y restaurantes a poca distancia de centros escolares, sanitarios o deportivos pero, a su vez, permite la instalación de terminales de venta de cupones “rasca” de la ONCE dentro de este mismo perímetro sin pedir autorización previa a la Generalitat Valenciana.
La ley del juego no afecta a los establecimientos accesibles al público por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y por la ONCE. “Es paradójico que un bar no pueda tener una máquina de tipo B pero sí tener una máquina expendedora del rasca de la ONCE o vender lotería. Este doble rasero entre el juego público y el juego privado supone un trato discriminatorio desde la propia administración”, argumenta Santiago Moreno.
En esta línea, la plataforma ha denunciado que no tiene sentido prohibir un tipo de juego y permitir otro si lo que se pretende es que los jóvenes no jueguen. Asimismo, SOS Hostelería expone que el último informe sobre el juego en la CV no recoge ninguna sanción ni expediente a ningún bar o restaurante por permitir a menores jugar a este tipo de máquinas.
Próximas acciones El objetivo principal de SOS Hostelería es la retirada del actual proyecto de ley del juego ya que no aportará soluciones y lo único que conseguirá es más paro, el cierre de negocios y menos ingresos para las arcas de la Generalitat Valenciana.
Para lograrlo, la plataforma se reunirá en los próximos días con todos los grupos parlamentarios del Gobierno de la Generalitat para trasladar sus argumentos y se reserva la opción de acudir a los tribunales para paralizar una norma que “supone la muerte y la desaparición del sector de la hostelería que da trabajo a más de 205.000 trabajadores en la CV”, ha concluido Molina.