Los cambios de criterio en lo relativo al transporte de trabajadores se ha convertido en un galimatías que los propios empleados deben resolver cada día. No hay comunicación veraz y efectiva, cada cual recurre a conocidos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para que les aclare la situación y muchas veces reciben informaciones contradictorias o incluso, como ocurrió ayer, a altas horas de la noche. Si anteayer era posible ocupar un vehículo hasta con tres personas, ayer volvía a ser una y hoy, dos, pero se reduce el aforo en los autobuses, que esta mañana se han enterado por la Policía y la Guardia Civil.
La reducción en la capacidad de los vehículos deja fuera a cientos de trabajadores que no tienen vehículo o carnet de conducir y no pueden acudir a sus puestos, o puede provocar sanciones a personas que lo único que pretenden es ir a trabajar siguiendo las directrices que ayer eran válidas, pero hoy ya no. En el caso de los autobuses, la reducción de la capacidad a un tercio limita sobremanera el transporte, puesto que tampoco es posible acceder a una flota de vehículos tan numerosa como para compensar el límite de aforo.
Por otro lado, a la imposibilidad de contar con el contingente de trabajadores con contrato en origen procedente de Marruecos, se suma el bloqueo de autobuses con trabajadores comunitarios procedentes de países como Rumanía, que venían a trabajar como cada año, y que tampoco pueden llegar a nuestra provincia. Si tampoco pueden ir a trabajar los locales porque no pueden compartir vehículo, la ecuación es muy simple: no hay suficiente personal en el campo.
Ante esta situación, es imprescindible acabar con la indefinición de las instrucciones que se dan a la población y especialmente a aquellos que tienen que seguir manteniendo su actividad laboral, y mantener en el tiempo decisiones que sean claras, con el fin de eliminar la incertidumbre y evitar algo que en estos momentos parece inevitable: quemuchas empresas procedana abandonar una parte de los cultivos, con las consiguientes pérdidas económicas y el desperdicio de alimentos que, hoy más que nunca, son imprescindibles.
Asaja no está pidiendo nada que no entre en la lógica de cualquiera: el sector primario está obligado a producir, y para ello, el Gobierno tendrá, al menos, que permitir que se den las condiciones para que el trabajo sea posible.