Unión de Uniones valora que el Ministerio trasladase a la UE las consecuencias negativas que las restricciones impuestas por el coronavirus están suponiendo para la agricultura y la ganadería, sobre todo para determinadas explotaciones. No obstante señala que, en el ámbito interno, las normas estatales publicadas de apoyo no son adecuadas y dejan fuera o dificultan su acceso, a los agricultores y ganaderos que puedan necesitarlas, tanto de los avales ICO, como de la prestación extraordinaria por cese de actividad.
En la Resolución de 25 de marzo de 2020 de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa se contenían las condiciones del primer tramo de los avales del ICO para empresas y autónomos con el objetivo de paliar los efectos económicos del COVID-19, pero olvidándose de incluir al sector agrario para su aplicación a todos los préstamos por debajo de 1,5 millones de euros.
Por otro lado, el ajuste de los ingresos de las explotaciones agrarias a los ciclos productivos no ha sido tenido en cuenta en la redacción de los requisitos de la prestación extraordinaria por cese de la actividad, que exige que la facturación haya caído en un 75% respecto del semestre precedente. Esta comparación no se adecua a la realidad de las explotaciones, que pueden llegar a tener problemas técnicos para acreditar su verdadera reducción de ingresos.
En este sentido, Unión de Uniones considera que la situación es excepcional, que el cierre del canal HORECA y los mercados locales y los cambios en la demanda con la suspensión también de todos los eventos multitudinarios, han provocado que las explotaciones agrarias de sectores especializados en abastecer este tipo de consumos hayan visto caer sus ventas de manera muy importante y que tienen, de momento, cortado el paso a los avales y difícil, según los casos, el acceso a la prestación por cese.
Por estos motivos, la organización se ha dirigido por escrito tanto a los Ministerios competentes en ambas medidas, como al Ministerio de Agricultura para que se proceda con urgencia a la modificación de las dos normas y permitir que puedan beneficiarse de ellas los agricultores y ganaderos sujetos a especiales dificultades por la crisis del coronavirus. En el caso de la prestación por cese, desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social se ha respondido con bastante prontitud que el tema va a ser estudiado.
“Ya hemos demostrado que somos esenciales para la sociedad. No creemos que se nos deba discriminar a la hora de repartir las ayudas”, comentan desde la organización. “Recordamos a los ministerios competentes que estábamos en las calles con nuestros tractores protestando justo antes de que estallara toda esta crisis sanitaria y, desde entonces, no hemos parado ni un solo segundo para que no falten alimentos en la mesa cada día”, añaden.