España necesita con urgencia impulsar la actividad industrial por su efecto tractor sobre la economía y el empleo, para lo que deben adoptarse medidas que estimulen la competitividad de las empresas, reduciendo los costes energéticos y favoreciendo un suministro eléctrico competitivo.
Sabemos que el Gobierno es consciente de esa necesidad. Valoramos la labor realizada por MINCOTUR en la Comisión Europea alcanzando la aprobación para que las ayudas compensatorias del CO2 indirecto se doten en su cuantía máxima. La publicación en el BOE, el 7 de mayo, de estas compensaciones con una dotación de 6 millones de euros, que permite la prórroga de los PGE, abre la puerta a que se materialice cuanto antes el compromiso del Ministerio de alcanzar ese máximo permitido de 275 millones de euros, por debajo del 25% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión (más de 1.240 millones de euros), tal como lo están recibiendo ya nuestros competidores europeos. Estamos convencidos que el Ministerio cumplirá su compromiso y se alcanzará la cuantía máxima de compensación permitida.
Junto con esta medida, sería necesario que se adoptaran otras que fueron identificadas por Monitor Deloitte, en su informe de 2019 para AEGE, donde se evidenció que los precios eléctricos finales en España (promedio de 2017 y 2018) para la industria electrointensiva fueron de 20 a 25 €/MWh más caros que los de sus competidores de Francia y Alemania, debiéndose en un 50% a la diferencia de precio en los mercados eléctricos y un 50% a los costes regulados y las compensaciones existentes en cada país.
Un diferencial de precios que perjudica la competitividad
En lo que llevamos de 2020, hasta el 7 de mayo, la caída de los precios en los mercados eléctricos en toda Europa ha hecho que la componente de energía en la formación de precios se haya reducido notablemente con respecto a 2019. Según nuestro Barómetro energético (www.aege.es) el precio medio previsto del mercado diario en 2020 estaría en 32 €/MWh. En estos primeros meses los precios eléctricos de Alemania y Francia han sido inferiores a los de nuestro mercado, por lo que nuestro precio a final de año será superior al de dichos países.
Este año, los costes regulados —peajes y cargos del sistema— no han variado, al igual que en los últimos años, pero sí los servicios de ajuste, que se han encarecido, en particular los precios de las restricciones técnicas. Además, la industria electrointensiva española, a falta de aprobarse su Estatuto, no disfruta de las compensaciones de los peajes de transporte eléctrico ni de la de los cargos de financiación de las renovables, existentes para Alemania y Francia, por lo que el diferencial de precios estimados a fin de año se sitúa de nuevo en 20 €/MWh más caros que estos países.
Hasta 2019, la retribución del servicio de interrumpibilidad ha servido para reducir ese diferencial de precios y mejorar la competitividad en coste del suministro eléctrico. La interrumpibilidad es un servicio que ayuda al Operador del Sistema a garantizar el suministro eléctrico, aplana la curva de la demanda eléctrica y facilita la integración de las energías renovables, reduciendo sus vertidos. A futuro, con el desarrollo de renovables previsto en el PNIEC, la gestión de la demanda de la industria electrointensiva será clave para facilitar la flexibilidad que el sistema eléctrico requerirá, un motivo clave para mantener y potenciar un servicio estratégico para la integración de las energías renovables.
Máximo de compensaciones del CO2 indirecto e interrumpibilidad semejante a 2019
La mejora de la competitividad del coste eléctrico de la industria básica dependerá este año de dos factores: que se alcance la cuantía máxima permitida de las compensaciones del CO2 indirecto y que se potencie el servicio de interrumpibilidad, dotándolo de potencia y retribución suficiente como hacen en otros países europeos.
El país tiene por delante una dura etapa de reactivación económica en la que estas dos medidas son esenciales para impulsar la competitividad de la industria electrointensiva.
Estamos convencidos de la voluntad del Gobierno de España para impulsar su industria básica porque de ella dependen miles de empleos estables y de calidad y porque es un pilar básico de nuestra economía. Sigamos el ejemplo de otros países europeos que están poniendo en marcha este tipo de ayudas para potenciar la industria y recuperar la economía.