Según Tamames, “el papel de los especialistas en epidemiología es clave para definir la estrategia de salida, y para conocer los orígenes, la evolución, y la posible persistencia de la pandemia”.
“Sin una visión adecuada de la salud pública, y de su incidencia sobre la actividad económica y social, será difícil contar con recursos para resolver los problemas, a partir de las cinco fases de la desescalada, de cero a cuatro. En España se ha intentado sistematizar el proceso de normalización, teniendo en cuenta sólo el aplanamiento de las curvas de muertes y personas en UCI. Son muy pocas certidumbres.
Por ello, hace falta una completa investigación sanitaria de todo lo sucedido. Sin escatimar medios, y con aportaciones de los expertos, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y hay que preguntarse por qué el 8 de marzo se autorizaron manifestaciones políticas masivas en toda España, que provocaron miles de contagios; y por qué la mortalidad en residencias de personas mayores ha sido tan alta. España es, detrás de Bélgica, el país con mayor tasa de mortalidad por millón de habitantes, 553”.
Tamames recomienda centrarse en el impacto producido por la pandemia en el PIB. “El primer trimestre cayó un 5%, por lo que no se previsible que caiga menos del 15% a cierre de año. Porque los sectores afectados son clave para la economía, tales como el turismo o la hostelería”.
Previsiones
Así, “el Gobierno calcula una caída de ingresos públicos (incluida la Seguridad Social) de 25.700 millones de euros, -5,4%, desde los 471.000 millones en ingresos en el año 2019. Y el gasto público se puede disparar un 35%, hasta 627.300 millones de euros. Con un déficit de ingresos/pagos del 31,14%, el nivel de caída de PIB podría llegar al 15%”.
Se trata de una situación “sin precedentes. Durante la guerra civil el PIB cayó un 40%, por cada año de contienda. El PIB per cápita que había en 1935 no se recuperó hasta 1951, es decir, 16 años de depresión”.
En la situación actual, “la caída del PIB podría frenarse incluso en 2020, y podríamos ver un aumento de la renta en 2021, del 6 o al 7%. La recuperación total no llegaría hasta 2022 o el 2023”.
Tamames valora las medidas que se han tomado hasta el momento:
Escenarios y presupuestos
El catedrático Tamames propone una “hoja de ruta” para la recuperación económica.
Según sus estimaciones, la deuda pública estimada podría llegar al 115% del PIB, sumando 20 puntos (248.000 millones de euros) entre los años 2020/2022. Pese a la magnitud, el “hachazo” fiscal que sugiere el Gobierno PSOE/UP no sería eficaz. Subir el impuesto del Patrimonio al 3,5%, provocaría no sólo la salida de capitales, sino también falta de entusiasmo en las empresas.
El profesor Tamames plantea que la crisis del COVID-19 “deberá cambiar el modelo de estado de bienestar actual, que contempla pensiones para jubilados y otros colectivos de la población, las prestaciones de paro, o los subsidios temporales a determinados grupos de autónomos.
La Renta Mínima Vital (RMV) tendrá que convivir con un entorno de gastos disparados en las CCAA para paliar el coronavirus. La Administración General del Estado dispone ya de 16.000 millones para distribuir entre las autonomías, pero sin criterios para la distribución.
El paro es el asunto más complicado, ya que los recursos para 3,2 millones de parados en 2019 (18.000 millones de euros) tendrán que aumentar de forma relevante. Para subvencionar al millón de parados de empresas ya desaparecidas, y a los autónomos con cese de actividad, más aquellos que el 30 de junio, o después, dejen de estar bajo la cobertura de ERTEs y no vuelvan a trabajar. Otro millón más de personas. El paro puede crecer hasta el 30% de la población activa, y se necesitan recursos para subsidiar el desempleo”.
Según el ministro de Seguridad Social, la RMV puede beneficiar a un millón de familias y cuatro millones de personas. Con una media de 1.095 euros por mes y familia, que vendrán de los 416 euros de paro a este segmento, más transferencias adicionales. Un coste adicional de 3.000 millones mensuales, si bien esta cifra iría bajando progresivamente hasta que volvamos a una tasa de paro “normal”, por ejemplo los 3,2 millones de parados que había en 2019.
El papel de la Unión Europea es clave en la recuperación. A través de medidas como “el Programa SURE para ayudar al empleo, financiado por los estados miembros, por valor de 25.000 millones de euros. Dinero que servirá como garantía para emitir bonos por valor de hasta 100.000 millones, dirigidos a apouar a los países con mayor precariedad en el empleo.
España podría recibir hasta 20.000 millones de euros, dado el mayor impacto del COVID-19. Otra opción es acudir al mecanismo europeo de estabilidad MEDE, que podría nutrir de liquidez a cada país por valor de hasta un 2% de su PIB. En este caso serían 24.000 millones de euros.
Ambos programas aportarían a España 44.000 millones de euros. En el caso del MEDE, a través de créditos diez años y tipos de interés del 0,20%. Aunque habrá que esperar a la cifra final y los criterios para percibir ayudas. En cualquier caso, acudir al MEDE no será como en 2008, no habrá “hombres de negro” ni será un rescate.
Apoyo del Banco Central Europeo
El papel del BCE será fundamental para ampliar las ayudas del Eurogrupo hasta un volumen estimado de 1,5 billones de euros. En ello será clave la postura que adopte la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que al parecer sigue la estela de Mario Draghi en su apoyo entusiasta a medidas de impulso a la recuperación. Con medidas como las siguientes
Otras fuentes de financiación posibles
Tamames se refiere al proyecto European Green Deal para la transición ecológica, y propone fusionar los planes previos a la pandemia, con el Pacto Verde y la Agenda Digital en marcha. La idea es centrar la recuperación en sectores y actividades con un futuro sostenible. Porque a corto plazo, muchas inversiones verdes y muchos proyectos digitales ya podrían estar tecnológicamente maduros, pero necesitan del impulso para ser presentados a la UE.
En España, expertos de la CEOE como Fátima Báñez o Marcos Peña, y entidades como la Confederación Nacional de la Construcción, SEOPAN, ANCI, etc, podrían encargarse de representar los proyectos españoles en la UE. Por último conviene no olvidar el papel que debe jugar el sector exterior de bienes y servicios para salir de la crisis, (export-import), como ya sucedió en la anterior crisis financiera.
Concluye su extenso artículo reconociendo que todas sus propuestas están sujetas a la evolución de la recuperación, aunque “es importante que la Comisión de Reconstrucción Nacional del Congreso tenga en cuenta los escenarios macro, se esfuerce en aprobar los presupuestos extraordinarios, y esté atento a las decisiones de la UE”.
Por lo cual, Tamames apuesta porque “el Estado, aúne sus propios esfuerzos con los del sector privado según el modelo OCDE/Unión Europea donde está España. Dando a los agentes económicos y sociales, y a los empresarios y los sindicatos, la importancia que deben tener en la recuperación. Dando voz a la CEOE/CEPYME, a CCOO, UGT y otras fuerzas sindicales, así como a otras instituciones. Porque la cooperación público/privada es esencial para una rápida recuperación. No podemos guiarnos por la actitud de algunos miembros del gobierno PSOE/UP, que se muestran como antisistema de la economía.
Por esto, afirma que “cualquier idea de nacionalizar empresas, o remunicipalizar, o convertir la Seguridad Social en una especie de asilo general para comprar votos, debería ser descartada. El Gobierno debe dejarlo claro, y trasladárselo a la Comisión de Reconstrucción Nacional. De no ser así, la crisis se prolongará mucho más tiempo”.