Entonces apartamos momentáneamente nuestras reivindicaciones y nos pusimos a desinfectar las calles de nuestros pueblos y seguimos cuidando a nuestro ganado y nuestros cultivos para asegurar que no faltara alimento a una sociedad que tenía que estar encerrada en casa y que, a los pocos que salíamos a trabajar, algunos incluso nos llamaban héroes, por tener que asumir riesgos que los demás no tenían por qué soportar.
La realidad es que ante esta gran catástrofe, tanto en vidas humanas como para la economía del país, no todo el mundo ha perdido, algunos han salido ganando. Desde luego, nosotros no, ya veníamos arrastrando muchos problemas de antes y se han juntado con los ocasionados por el COVID – 19, el cierre del canal de Hostelería, Restauración y Cafeterías (HORECA) y que las Administraciones, en lugar de preferir fomentar los ya existentes mercados al aire libre, ha favorecido a las grandes superficies en espacio cerrados donde, seguramente, el contagio es más fácil.
La cesta de la compra en estos últimos meses, está saliendo más cara a las familias de manera injustificada porque no nos pagan más a los productores y salvo las tozudas estadísticas, nadie dice nada porque parece que resulta más interesante ver las estanterías medio vacías, que da más sensación de escasez y así la gente compra más y más rápido.
Dicho esto, el ambiente está caldeadito porque el contexto macroeconómico tampoco está mejor. Ya se habla de recorte de la PAC, que supone casi el 30 % de la renta de los agricultores, ¿pero cómo vamos a asegurarnos el 70% si están las cosas como están y los precios no paran de bajar? Es más, el caso del pollo es el ejemplo más estrepitoso, precios bajos en granja y cada vez más alto en los supermercados.
Los datos son los que son y la renta de los agricultores y ganaderos sigue estando muy por debajo de la del resto de los demás ciudadanos, además el término definido como “renta agraria” arroja una bajada el último año de un 8,6 % y luego los políticos se llenan la boca al hablar de la Constitución, sin recordar que el artículo 130 dice textualmente “Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles”. Debe ser que algunos artículos valen más que otros, porque en más de 40 años desde su aprobación este sigue pendiente.
En la transición recordaron nuestra realidad y dieron un mandato constitucional que, por lo visto, no ha valido para gran cosa y nos dejaron de lado, en los pactos de la Moncloa no contamos para nada, en la integración europea en el 1985 de la que muchos no renegamos, lo cierto es que lo del campo se negoció mal y nos costó diez años ponernos en igualdad de condiciones con otros agricultores europeos.
Con estos precedentes, me temo que ahora que se habla de la nueva reconstrucción del país como no se remedie de inmediato, nos pasará lo mismo. Para evitarlo, nos hemos dirigido al presidente del Gobierno y al Congreso para que lo agricultores ganaderos y habitantes del medio rural dejemos de ser la cenicienta española y seamos tenidos en cuenta en esta ocasión.
¿Qué planes reales tiene el Gobierno? Porque la casa está sin barrer desde hace tiempo y ya ha salido todo lo que había bajo la alfombra, a la vez que siguen creciendo las obligaciones ambientales para los agricultores, los acuerdos comerciales que se producen por otros temas y que acaban por perjudicar a nuestras producciones, los vetos de otros países, el ruso y los aranceles de Trump y un sinfín de contextos que terminan de preparar el cóctel.
Trabajo hay para aburrir, pero parece que se mira hacia otro lado. Mucha buena voluntad, muchos apuntes, pero se tira el papel en cuanto se acaba la reunión, telemática o presencial, da igual, porque la actitud, con o sin pandemia, no cambia.
Creo que los productores agrarios venimos demostrando todo lo que teníamos que demostrar, ahora le toca al conjunto de las administraciones, también la del Estado, ponerse manos a la obra con algo más que con palabras, promesas y “patadón para adelante al balón del problema a ver si se arregla solo, o cuando explote que ya no esté yo” , porque está claro que si no, en cuanto se pueda, volveremos a la calle, que parece que a los gobiernos sólo se les abre la mente si ven bloqueadas las grandes ciudades y las carreteras por tractores.
No creemos que las soluciones a largo plazo pasen por mantener artificialmente estructuras sociales empresariales caducas a fuerza de subvenciones pagadas entre todos, ni en el conjunto de la economía, ni tampoco en el sector agroalimentario, pero sí por unos precios justos y por un justo reparto de las cargas y de los beneficios, especialmente en nuestro sector donde una humilde naranja multiplica por 10 su precio desde el productor al consumidor. Uno compra, hereda o arrienda la tierra, planta el árbol, espera años, riega, labra, recoge y cobra 1 y otro trasporta y pone en la estantería y cobra 10.
No queremos ser héroes solo ciudadanos normales con los mismos derechos y obligaciones que los demás, pero eso sí, nos negamos a ser de nuevo la Cenicienta y menos en este cuento, así que el Gobierno va a tener que darse prisa antes de que la carroza se convierta en calabaza.
Hay soluciones, solo que hay que querer ponerlas en marcha y asumir el coste de hacer las cosas bien, aun con el riesgo de que unos- y pocos pero muy bien asentados y poderosos - se enfaden si no todo se hace como ellos quieren. Ahora que hay un plan de reconstrucción, el campo no puede quedarse fuera de él. Sería incomprensible, porque si hay una sola certeza en este momento es que las personas, para vivir, tienen que comer.