La ventaja de este tipo de operaciones es que la Administración regional se beneficia de los tipos negativos, por lo que además de conseguir liquidez, tiene que devolver menos de la cifra ingresada por la operación, una vez venzan los plazos fijados. La situación de tipos negativos está motivada por la actual política monetaria del Banco Central Europeo, que fija la facilidad marginal de depósito en el -0,50%.
El Gobierno regional, a través de la Consejería de Hacienda y Función Pública, tiene vía libre para realizar operaciones de estas características por un saldo vivo de 500 millones de euros durante los próximos cinco años. La orden mínima de cada operación debe ser de diez millones de euros, a devolver en tres, seis, nueve o doce meses, o de cualquier otro tipo de plazo siempre que no supere el año.
Con esta nueva emisión de pagarés se constata y refuerza la imagen de solvencia de la Comunidad de Madrid en los mercados nacionales e internacionales de deuda. De hecho, la operación de Caixabank se ha cerrado apenas unos días después del acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por un importe de 600 millones de euros, destinados a luchar contra el COVID-19. Se trata de la primera región española en recibir financiación del BEI para hacer frente a la emergencia sanitaria.
A todo ello hay que sumar las recientes emisiones del primer Bono Social Sanitario en España y del primer Bono Verde de una Administración Pública española, para financiar proyectos sanitarios y medioambientales respectivamente.
Según los datos aportados por el Banco de España, la Comunidad de Madrid ha cerrado 2019 como la comunidad autónoma del sistema de régimen común con un menor nivel de endeudamiento, junto con Canarias. Todo esto va a permitir al Ejecutivo regional afrontar con mayor solvencia los retos derivados de la pandemia.