Un total de 50 entidades han enviado una carta a la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y al Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso Aranegui, para solicitar que rechacen los criterios de identificación de contaminantes hormonales propuestos por la Comisión Europea el pasado 15 de junio.
La propuesta de la Comisión Europea exige que exista "una amplia evidencia de efectos adversos relevantes para la salud humana como consecuencia de un modo de acción endocrino" para que una sustancia sea identificada como contaminante hormonal. Este nivel de demostración, sin precedentes para otras sustancias, implicará que humanos y medio ambiente se vean dañados antes de que se tomen medidas.
La Comisión, extralimitándose en sus funciones, también propone modificar el Reglamento de plaguicidas, introduciendo modificaciones que derivarán en una exposición continuada e incontrolada a estas preocupantes sustancias químicas.
El 22 de junio, durante el Comité de Biocidas y el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos será la primera ocasión para que los representantes españoles muestren su oposición a estos criterios de identificación. En la carta enviada a los ministros, las organizaciones piden que modifiquen la propuesta de la Comisión y continúen la línea seguida por España junto a otros países europeos y las sociedades científicas hasta ahora: utilizar los criterios de definición de la Organización Mundial de la Salud, con categorías basadas en la fortaleza de la evidencia existente.
Los contaminantes hormonales son sustancias químicas sintéticas capaces de alterar el funcionamiento normal del sistema hormonal de humanos y animales. Numerosos estudios vinculan su exposición con graves problemas de salud, que incluyen infertilidad, diabetes, obesidad, cáncer hormono-dependiente y alteraciones neurológicas. Un estudio de La Alianza para la Salud y el Medio Ambiente (HEAL) cifra el coste económico anual de atención a las enfermedades derivadas de la exposición a estos tóxicos entre 157.000 y 288.000 millones de euros.
Las 50 organizaciones firmantes de la carta son:
Afibrosal, Asociación Aire, S.Q.M. y Enfermedades Medioambientales, Asociación Apquira, Asociación Bioconstrucción Ultravioleta, Asociación Concejo de la Mesta, Asociación Concejo Tres Mares, Asociación de Apicultores Campurrianos (APICAM), Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia (FM-SFC-SQM), Asociación de Enfermos de Síndromes de Sensibilización Central de Asturias (ASESSCA), Asociación de Estudios Geobiológicos GEA, Asociación Fibromialgia ADAFIR, Asociación de Fibromialgia de Gran Canaria (AFIGRANCA), Asociación Española de Educación Ambiental, Asociación de Sensibilidad Química Múltiple de Tenerife, Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, Asociación Red Montañas, Asociación Trashumancia y Naturaleza, Asociación Tudanca, Asociación Vía Láctea, Asociación Vida Sana, Biomasa Peninsular, CECU, Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS), Centro de Estudios Ambientales ÍTACA, CGT, CC OO, Comando Ghichas do Val Miñor, Confederación en Defensa de la Abeja en la Cornisa Cantábrica (CODACC), Cooperativa agroecológica la Reverde SCA, Des Pensa do Val Miñor, Ecologistas en Acción, Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud, Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Fondo para la Defensa de la Salud, Fundación Alborada, Fundación Amigos de las Abejas, Fundación Entretantos, Fundación Global Nature, Fundación Vivo Sano, Greenpeace España, Instituto Ecohabitar, La Garbancita Ecológica S. Coop. Mad. de Consumo Responsable Agroecológico, Mercuriados, Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, Proyecto Gran Simio, Red de semillas "Resembrando e intercambiando", Servicio de Información sobre Sensibilidad Química Múltiple y Salud Ambiental (SISS), SFC-SQM MADRID, SUATEA, UGT, Vida Sana, WWF España.