Y es que el tiempo habitual de tramitación del expediente previo a la apertura del procedimiento de adjudicación es de hasta dos años, un periodo demasiado extenso para poder dirigir fondos europeos a cualquiera de las muchas actuaciones pendientes en España en materia de infraestructuras, como la conexión de los grandes puertos a la red ferroviaria o las obras de depuración y saneamiento, que cuestan cada semestre a nuestro país 10,9 millones de euros en sanciones por incumplimiento de la normativa comunitaria.
De hecho, según el informe “Infraestructuras pendientes y prioritarias, un país por completar” de la patronal de constructoras y concesionarias Seopan, hay más de 800 actuaciones en España en stand by en materia de transportes, agua y medio ambiente; sin olvidar las inversiones necesarias para la adaptación de la red viaria y ferroviaria al cambio climático, puesto que alrededor del 50% podría verse afectada por fenómenos climatológicos extremos.
Por tanto, las infraestructuras pueden convertirse en motor de recuperación de la economía del país y ayudar en la creación de empleo de calidad, no en vano es una actividad intensiva en mano de obra cualificada.
Un mecanismo ya previsto legalmente
Desde Intecsa-Inarsa recuerdan que la contratación por emergencia está prevista en la legislación vigente y, de hecho, su uso se recogió en el Real Decreto Ley 7/2020 de 12 de marzo que declaró el Estado de Alarma. Si bien este mecanismo se contempló entonces para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente a la pandemia, podría aplicarse ahora para los estudios y proyectos necesarios de los planes que habrá que presentar a la Comisión Europea.
Las ventajas de la tramitación urgente son la preferencia, de tal modo que cualquier órgano que intervenga para emitir informe o cumplimentar un trámite tiene un plazo de nada más que cinco días. Además, los plazos de licitación, adjudicación y formalización se reducen a la mitad y el plazo de inicio de los trabajos no puede exceder de un mes desde la formalización del contrato.
Según el presidente de Intecsa-Inarsa, Diego Ibáñez, “para recuperar las altas tasas de utilización de los fondos europeos en la promoción de infraestructuras, el país debe obviar nuestra lenta maquinaria administrativa, por lo que es fundamental declarar urgentes los estudios y proyectos necesarios para la reconstrucción económica y social del país”.