Una vez aprobada esta hoja de ruta útil para el legislador, puesto que la legislación tiene carácter no legislativo, servirá para ratificar las reglas básicas para el sistema público de pensiones al incluir una recomendación preliminar. En este sentido, se pone el acento sobre la oposición del Pacto de Toledo a una transformación radical sobre este sistema que sea capaz de romper los valores de solidaridad, suficiencia o equidad.
Con la idea de actualizar las pensiones al IPC real, terminar definitivamente con el déficit de la Seguridad Social en 2023 y profundizar en la separación de las fuentes de financiación del sistema para que el Estado se haga cargo de gastos impropios que pagaba la Seguridad Social, se han aprobado algunas de las siguientes recomendaciones. Unos fundamentos que se han renovado por tercera vez en 25 años.
El nuevo modelo descarta el cambio de rumbo hacia una capitalización, en cambio, sí que lleva a cabo una clara apuesta por los sistemas de previsión complementarios, sobre todo en los PPE (Planes de Pensiones de Empleo) mediante la negociación colectiva.
Para lograr los objetivos de defensa de la solidaridad del sistema público de pensiones y garantizar mediante este sistema la dignidad de las personas se plantea la tasa de sustitución. Un porcentaje que relaciona el salario medio con la pensión media. Por otro lado, se considera que las subidas de las pensiones acordadas por encima del IPC tendrán que pagarse con otros recursos económicos diferentes a los que aporte la propia Seguridad Social.
Así mismo, se contemplan nuevas acciones relacionadas con la jubilación de los funcionarios. Pero, en este caso, lo mejor será que se obtenga información directa y más completa sobre la edad y otros aspectos de la jubilación en funcionarios entrando en este link, donde se ofrecen datos concretos en este sentido.
Aunque en el enlace sugerido la información es más extensa, cabe señalar aquí algunas modificaciones, como por ejemplo la relacionada con la edad forzosa de jubilación. Una edad que quedó establecida en los 65 años, pero con excepciones como la del personal de justicia o profesores universitarios y registradores de la propiedad que se jubilarán a los 70 años, la edad que es posible prolongar solo por decisión propia para el resto de puestos de trabajo.
Otro de los objetivos dentro de las novedades del Pacto de Toledo es la fórmula para sanear las cuentas, un ejercicio que saque de la Seguridad Social aquellos gastos que no debieron ni deberían ser costeados con las cotizaciones sociales. Con fecha del 2023, las facturas ajenas a las pensiones solo podrán asumirse por los Presupuestos Generales del Estado, las cuales serán sufragadas gracias a los impuestos.
Algunos de los gastos que no deben ser asumidos por la Seguridad Social son las ayudas a las empresas y autónomos con reducciones en su cotización. Tampoco las prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado de los hijos ni el complemento recibido por maternidad.
Otros gastos indebidos fueron aquellos derivados del funcionamiento de la propia Seguridad Social, así como los incentivos al empleo o los complementos a mínimos. En términos generales, si se sacaran de las cuentas de la Seguridad social estos gastos indebidos, podría resultar una entrada de 23.000 millones más para el 2023, unos 3 millones más del déficit posible previsto para ese año, es decir, unos 20.000 millones de euros.
Como se hizo público, durante los años del 2012 al 2018, la llamada hucha de las pensiones fue esquilmada por el gobierno, vaciándose hasta el 90 %. Este pacto incide en la recuperación del equilibrio en las cuentas y que, a partir de ese momento, se retome la regla de que los excedentes de las cotizaciones deben ir de manera íntegra al fondo de reserva, además de establecer un depósito fijo y mínimo de este.