Es una de las conclusiones que se desprende de Cambios Tecnológicos, Trabajo y Actividad Empresarial: el impacto socioeconómico de la economía digital, el estudio reconocido en el XXI Premio de Investigación del CES y presentado esta mañana en un acto durante el que han participado Pedro C. Fernández Alén, Presidente en funciones del CES; Jorge Aragón Medina, Consejero del CES y ponente del Informe sobre La digitalización de la economía; Francisco Pérez García, Director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie); y José María Peiró Silla, miembro del equipo de investigación del Ivie.
Este análisis defiende un Pacto de Estado por la Educación para encarar los retos digitales y propone reorientar las políticas activas de empleo para que los parados mejoren sus competencias digitales y su empleabilidad, implicando al sistema educativo y al de formación continua.
La investigación también recomienda a los reguladores compatibilizar el dinamismo tecnológico y las innovaciones con la competencia, evitando la aparición de monopolios y el levantamiento de barreras de entrada. Asimismo, anima a las administraciones públicas a combatir el fraude en la aplicación del concepto legal de trabajador, reducir la figura fraudulenta de los falsos autónomos y vigilar las implicaciones de las nuevas formas de control.
De igual modo, la investigación premiada por el CES sugiere prestar atención al uso de las cotizaciones sociales como herramienta competitiva y a la internacionalización de las relaciones laborales, añadiendo que la legislación actual confía a centros de trabajo físicos y de ámbito nacional la representación sindical, lo que resulta poco compatible con empresas multinacionales o cadenas de producción internacionalizadas.
Pero la principal derivada de la digitalización no es únicamente el mercado de trabajo, sino que debe tenerse en cuenta la especialización productiva, el tamaño empresarial y la capacidad de innovación.
Sin embargo, este estudio reconoce que valorar las consecuencias de la digitalización plantea dificultades conceptuales, por la complejidad del fenómeno, y también prácticas, porque todavía no se dispone de un sistema de indicadores consolidado.
Y con el fin de ordenar y acotar los problemas, analiza las consecuencias de la digitalización desde el punto de vista de su caracterización tecnológica y sus impactos a largo plazo sobre la competencia, los mercados y las empresas; sus implicaciones para los procesos de generación de valor y modelos de negocio de las empresas; sus impactos sobre el volumen de empleo; sus consecuencias para los perfiles de las ocupaciones y la formación necesaria para su desempeño; y sus implicaciones para la regulación laboral y la protección social.
En este contexto, los investigadores premiados aseguran que un marco político apropiado puede potenciar las oportunidades que la digitalización ofrece para el crecimiento económico, el desarrollo humano y el bienestar social; y mitigar los riesgos en torno a la brecha digital que sufren determinados grupos de trabajadores y empresas. Por ello, piden aumentar este tipo de inversiones, en línea con las últimas dotaciones presupuestarias asignadas a tal fin.
Finalmente, en la investigación se remarca la importancia de que España tome conciencia de los problemas, siente los pilares en los que han de apoyarse las iniciativas y movilice a todos los actores públicos y privados que han de llevarlas a cabo.
Según el presidente en funciones del CES, Pedro C. Fernández Alén, “con este galardón, dotado con 40.000 euros, el CES continúa promoviendo y divulgando el estudio en torno a las materias relacionadas con sus funciones, demostrando su firme compromiso con la investigación como motor económico, de creación de empleo y bienestar social”.