En este sentido, el CES propone la participación de las comunidades autónomas y de los agentes sociales en esa futura Ley para modernizar el modelo productivo hacia la transición ecológica y la transformación digital, e incrementar la autonomía estratégica industrial de España.
En opinión del CES, la Ley debería sentar los principios básicos de actuación para elaborar una estrategia a medio y largo plazo con la que reindustrializar el país en línea con las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030 enmarcadas en la Agenda del Cambio del Gobierno y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las recomendaciones de la Agenda 2030 de la Comisión Europea.
En el Plan España Digital 2025
Frente a ello, el CES reclama una mayor presencia de la industria manufacturera en los proyectos tractores incluidos en la Agenda Digital, que contiene medidas distribuidas en 10 ejes estratégicos. En concreto, este órgano consultivo del Gobierno considera que los compromisos contenidos en el Pacto Verde europeo serán una oportunidad para modernizar nuestra industria y prepararla para competir mejor.
Asimismo, respalda un impulso a las políticas industriales y de I+D+i en aras de convertir a nuestro país en una región fuertemente innovadora. Para ello, se fomentará la colaboración sinérgica entre Organismos Públicos de Investigación (OPI) y empresas, se impulsará el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y los centros tecnológicos agrupados bajo la Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT) y se pondrán en marcha fondos públicos de capital riesgo que financien proyectos empresariales de innovación disruptiva a medio plazo.
El CES también es partidario de fomentar la investigación aplicada y de centrar las políticas de innovación en las necesidades de la industria, así como de promover la colaboración público-privada a través de proyectos de investigación industrial.
En resumidas cuentas, el CES sostiene que el fortalecimiento de la industria constituye una necesidad estratégica y una condición indispensable para aunar el crecimiento económico y del empleo con la sostenibilidad ambiental, la cohesión social y la vertebración territorial. Por ello, defiende la implantación de una amplia, coherente, participativa y bien gobernada política industrial, capaz a su vez de configurar un sector generador de puestos de trabajo de calidad e impulsor de la innovación.