Centenares de trabajadores en representación de las 8.000 personas que trabajan en 183 salas de juego en Catalunya se han vuelto a manifestar en la Plaza de Sant Jaume de Barcelona para denunciar la marginación injustificada a la que les somete la Generalitat al mantener cerrada su actividad. Desde su primera manifestación, el día 9 de diciembre, hasta hoy, su situación de agravio no ha cambiado y siguen siendo la única actividad diurna urbana que permanece cerrada sin justificación sanitaria ni económica alguna.
En la primera manifestación, los trabajadores del sector del juego privado en Catalunya coincidieron ese día con las protestas de los trabajadores de los centros comerciales que en ese momento permanecían cerrados. Tras ambas concentraciones, la Generalitat decidió reabrir los centros comerciales y seguir vetando la apertura de las salas de juego. Los trabajadores reivindican que el sector se equipare al resto de actividades como los propios centros comerciales, gimnasios, teatros, o los locales de juego público, entre otros, y que bajo una supuesta prevención frente al virus no se tomen decisiones basadas en prejuicios hacia el sector de forma arbitraria y completamente discriminatoria.
Durante el acto se ha dado lectura a un manifiesto que cuenta con la firma de las principales organizaciones sindicales y empresariales catalanas. Para Victor Duce, portavoz del Col·lectiu Català de Treballadors de Joc “el apoyo recibido por las principales organizaciones sindicales y patronales debería obligar al Govern de la Generalitat a escuchar nuestras reivindicaciones”. Duce afirma que “no pedimos privilegios, solo ser tratados como el resto de actividades comerciales y económicas, nos va en ello nuestro trabajo y futuro personal”. En este sentido, Victor Duce destaca que el 90% de trabajadores solo han recibido la prestación del SEPE correspondiente a 15 días de octubre y “ninguna más desde entonces. Incluso -añade- hay casos aún más extremos de personas que no reciben ninguna prestación desde junio. Estamos hablando de casos reales y la Generalitat es completamente inmune a la situación de las personas que trabajamos en este sector”.