En palabras del presidente de la asociación, Francisco Cano, este ‘peaje blando’ es una solución para “desvincular los gastos que requiere la adecuada conservación de la red de carreteras de las cuentas del Estado que, como consecuencia del COVID-19, se van enfocando cada vez más a políticas sociales”. Y es que la crisis sanitaria “no puede suponer volver a dejar de invertir en seguridad vial en nuestras carreteras, puesto que hay en juego miles de vidas cada minuto”, añade.
Se trata de una medida que se ha estudiado en el pasado de forma recurrente para paliar el déficit de inversión en la conservación y mantenimiento de la red de carreteras, y que en esta ocasión se está valorando introducir en la nueva ley de Movilidad Sostenible que prepara el Gobierno.
A favor de un modelo público
En el documento remitido por AFASEMETRA al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, se estudian distintos modelos de implantación de este pago por uso, un sistema que el sector de la señalización considera “más equitativo, ya que se imputa a quienes realmente utilizan la carretera”.
La asociación aboga por que esta recaudación del peaje por kilómetro recorrido vaya directamente a las arcas de la Administración Pública, que le permita licitar de forma separada los diferentes expedientes de contratación programados para la conservación de carreteras, subdivididos por actividades. “Este modelo va en línea de la Recomendación (UE) 2017/1805 para que las pymes puedan acceder a los procesos de contratación pública, algo que no sucedería con un modelo concesional”, asegura Francisco Cano.
En el modelo de concesión privada, similar a las de las autovías de primera generación, el responsable del mantenimiento sería la empresa concesionaria, “dejando sin acceso a la contratación pública a las pymes expertas en equipamiento de la carretera”, concluye el presidente.
Finalmente, AFASEMETRA defiende que, solo de esta manera, se podrá asegurar que haya un equipamiento especializado y certificado por las principales normas de calidad para garantizar la seguridad vial y bienestar de los ciudadanos.