OceanCare considera que este proyecto de ley es un texto legal indispensable para poder hacer frente de forma decidida al desafío climático, avanzando eficazmente hacia un modelo económico con bajas emisiones de carbono (descarbonizado) y por lo tanto libre de la enfermiza dependencia de los combustibles fósiles que sufrimos actualmente.
Sin embargo, pese a lo mucho que hay de positivo en sus objetivos y en su articulado, este proyecto de ley tiene amplias posibilidades de mejorar, en concreto en lo relativo a la regulación de las actividades de búsqueda y extracción de hidrocarburos.
A este respecto, es de felicitar que el citado proyecto de ley recoja en su Artículo 8 la prohibición a cualquier nuevo proyecto de exploración, investigación y explotación de estos combustibles fósiles en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, así como la prohibición de la técnica del fracking.
Sin embargo, de forma incongruente con el reconocimiento oficial del estado de emergencia climática en Europa por el Parlamento Europeo, en España por el Consejo de Ministros así como por parte del Gobierno Vasco, la Generalitat de Cataluña y la Generalitat de Valencia, el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética deja la puerta abierta, a través de su Disposición Transitoria Primera, a que haya explotación de petróleo y gas en el territorio nacional más allá del año 2050.
Por un lado, en el Apartado 2 de la citada Disposición Transitoria Primera se excluye expresamente de la prohibición enunciada en el Artículo 8 a las solicitudes de concesión de explotación asociadas a un permiso de exploración/investigación vigente que se encuentren en tramitación antes de la entrada en vigor de esta ley (que se regirían por la normativa aplicable al tiempo de otorgarse el citado permiso de investigación, a excepción de la posibilidad de prórroga que se excluye expresamente).
Es decir, que si una empresa petrolera/gasista que dispone actualmente un permiso de exploración de hidrocarburos diera con un yacimiento de petróleo o gas que quisiera explotar y solicitara al Gobierno la correspondiente autorización de explotación, según la redacción actual del proyecto de ley, el Gobierno estaría obligado a darle una nueva concesión [según la Ley del Sector de Hidrocarburos son 30 años de concesión inicial] con lo cual seguiría habiendo explotación de hidrocarburos en territorio nacional más allá del 2050.
En segundo lugar, el Apartado 3 de la Disposición Transitoria Primera permite que haya prórrogas hasta el 31 de diciembre de 2042 de las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos en vigor, es decir, 22 años más contados desde ahora.
“Ante la gravedad de la emergencia climática y la necesidad de adoptar cambios rápidos, de amplio alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad, incluido el sistema energético, como pide el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC), no resulta aceptable que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética permita mantener la explotación de hidrocarburos durante varias décadas más”, declaró Nicolas Entrup, experto en políticas oceánicas y Codirector de Relaciones Internacionales de OceanCare.
Para evitar esas incongruencias en el proyecto de ley, OceanCare considera que debería:
- eliminarse totalmente el Apartado 2 de la Disposición Transitoria Primera para que se archivaran todos los proyectos de exploración actualmente en proceso administrativo (y que no han generado derechos legales ni económicos), y
- suprimirse la expresión “más allá del 31 de diciembre de 2042” del Apartado 3 de la Disposición Transitoria Primera para así no otorgar nuevas prórrogas a las actuales concesiones de explotación vigentes cuando expiren sus respectivas licencias.
De esta forma, las actuales concesiones de explotación de hidrocarburos terminarían de forma natural cuando expirasen sus respectivas licencias. No habría por tanto expropiación alguna ni terminación prematura de los permisos vigentes.
El Gobierno no está obligado legalmente a conceder ningún tipo de prórroga una vez acabado el periodo concesional vigente. Se trata de una decisión puramente potestativa por parte del Gobierno, aunque hasta ahora la práctica habitual haya sido concederlas. Por lo tanto, no existiría la posibilidad de reclamaciones por lucro cesante por parte de las empresas explotadoras.
OceanCare agradece a Compromís, Más País, EH-Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña que hayan registrado enmiendas en ese mismo sentido para mejorar el proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética.
“Prohibir las actividades de exploración de combustibles fósiles e iniciar una eliminación gradual pero urgente de las actividades de explotación actualmente en vigor facilitará y acelerará el despliegue a gran escala de energías renovables, lo que ayudará a España a convertirse en una región líder en Europa en la producción de, entre otros, hidrógeno verde, que está llamado a ser un vector energético clave en la descarbonización de la economía”, declaró Carlos Bravo, consultor de OceanCare.
“Esta también sería una señal clara para que las empresas del sector de los combustibles fósiles cumplan verdaderamente su compromiso de ser neutrales en carbono para 2050, comprometiéndose seriamente con la producción de combustibles alternativos de cero emisiones de gases de efecto invernadero”, añadió Bravo.
OceanCare anima también al Gobierno español a asociarse y trabajar activamente con otros gobiernos de la UE con planteamientos similares para alcanzar cuanto antes una prohibición de la exploración de hidrocarburos en todo el territorio europeo.