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AGAMA acusa a Luis Planas de querer desmantelar las explotaciones profesionales familiares del Bajo Guadalquivir

Sábado 30 de enero de 2021
Miles de explotaciones familiares verán fuertemente reducidos sus importes de ingresos de la PAC entre el 10% y el 40%. id:67658

En palabras de la Asociación AGAMA Bajo Guadalquivir, de gran acción en la zona, esa es la actual realidad con la que sus agricultores, los del Bajo Guadalquivir, se han encontrado con la reciente aprobación del Real Decreto que regirá la Política Agraria Común (PAC) en el periodo transitorio 2021 – 2022, hasta la entrada de la nueva reforma en el año 2023.

Con la aplicación de este R.D. y la asignación de los nuevos importes de Pago Básico, que a día de hoy ya son visibles por los agricultores, serán miles de explotaciones familiares las que verán fuertemente reducidos sus importes de ingresos de la PAC, entre el 10% y el 40%, por lo que las manifestaciones del ministro donde expone que tan solo el 1% de los beneficiarios PAC resultarán damnificados con ese umbral de recorte, parecen un ataque frontal al modelo de agricultura profesional y familiar del Bajo Guadalquivir.

Según el ministro, “esta nueva PAC va dirigida a los verdaderos agricultores y ganaderos y a explotaciones familiares, e igualmente encaminada para la verdadera incorporación de jóvenes a la actividad agraria”. Esta afirmación, para AGAMA, es a todas luces incierta y resulta un discurso totalmente cargado de demagogia, puesto que no son pocas las familias del Bajo Guadalquivir que verán fuertemente sesgados sus importes de derechos de Pago Básico, corriendo peligro sus explotaciones.

En esta zona productora donde el 56% de las explotaciones tienen una superficie igual o menor a las 10 Has. (Superficie muy inferior a las medias andaluza y española), gestionadas por explotaciones profesionales familiares, y que suponen el motor económico de la zona.

La organización manifiesta que esto es un ataque frontal a estas economías familiares, las cuales han tenido que afrontar las distintas reformas agrarias producidas hasta la fecha, perdiendo tejido empresarial y productivo, y por el contrario teniendo que realizar fuertes inversiones en modernización, a fin de ser competitivas. “Estas características hacen de nuestro modelo de agricultura profesional, además de un elemento de cohesión social y apego al territorio, diferenciador del modelo propio de otras regiones en las que la despoblación se ha convertido en un problema de primer nivel para el futuro de las mismas.”

El algodón, la remolacha y el tomate de industria, los cultivos más castigados

El Bajo Guadalquivir es la comarca española que ha sufrido una mayor restructuración tras las reformas de la PAC del 2004 y del 2014. Los cultivos principales de la zona como el algodón, remolacha azucarera y tomate industrial sufrieron una bajada de precios drástica que se compensó a los agricultores con la asignación de derechos de Pago Único/Pago Básico con unos importes superiores a la media de la región en la que se localizaban.

AGAMA resalta que en el año 2000, previo a la 1º gran reforma, el precio de venta del algodón rondaba 1,20 €/kg, precio que difiere en demasía de los precios abonados en el 2020 que han sido 0,40 €/kg. Por otra parte, en el caso de la remolacha azucarera, en aquellos 2000 la remolacha se liquidaba a 48 €/Tn, habiéndose liquidado en la actualidad a 26 €/Tn. Caso parecido ocurría con el tomate de industria que se liquidaba en aquel entonces a 108 €/Tn, y hoy día se les está liquidando a los agricultores a 70 €/Tn.

Estas importantes pérdidas de precio, explica AGAMA, son las que se complementaron con los derechos de pago Único/Pago Básico superiores a la media, a fin de corregir estas pérdidas tan importantes de rentabilidad de las explotaciones.

El pasado martes 27 de enero, los agricultores del Bajo Guadalquivir perdieron entre un 10-40 % de la rentabilidad de sus explotaciones tras la publicación del RD por el gabinete del ministro Planas (PSOE). “Esta situación ya puede ser visualizada a día de hoy por los agricultores en la página web del FEGA, por lo cual el discurso del ministro de práctica laxitud de los cambios, se cae por inconsistente”, han señalado desde la organización.

De no corregirse esta situación con rapidez, se producirá el desmantelamiento del entramado de explotaciones profesionales familiares del Bajo Guadalquivir, por lo que se demanda una acción inmediata por parte de los partidos políticos integrantes del gobierno a fin de corregir el despropósito creado con la implementación de estos cambios normativos, los cuales además no son imposición inmediata por Europa, o en su caso plantear una compensación a tal perdida injustificada.

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